EDITORIALES-Que la "solidaridad" empiece por la política

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EDITORIALES

Que la "solidaridad" empiece por la política

Pedir esfuerzos a los ciudadanos debe tener como contrapartida un coherente y ejemplar ajuste de la política

22 de Diciembre de 2019

El presidente Alberto Fernández les ha pedido a los miembros de la Asociación Empresaria Argentina "un mayor esfuerzo para recomponer esas cajas que han quedado vacías". Pero lo justo sería que hiciera ahora, junto con otras cabezas de la dirigencia política, un examen de conciencia equivalente sobre la reducción posible de gastos del Estado a fin de equilibrar las finanzas públicas.

El nuevo gobierno aumentó los tributos fiscales con anuencia del Congreso. Sobre 138 economías nacionales analizadas entre 2016 y 2017, el Foro Económico Mundial de Davos dictaminó que la carga más brutal era la que condenaba a los contribuyentes argentinos. Se calcula que la Argentina recauda en contribuciones fiscales una suma próxima al 33% del PBI. Como al mismo tiempo se estima que alrededor del 35% de la economía nacional gira en negro, los que están en blanco deben estar tributando más del 50%. ¿Hasta dónde llegará esa exacción después de las últimas medidas?

Es necesario volver una vez más a la pregunta sobre cuál es el esfuerzo que hará la política, porque nada se ha hecho hasta aquí. Todo ha girado en torno de desvincular jubilaciones y pensiones en relación con la inflación y de hacer recaer sobre el campo el mayor peso del sacrificio destinado a paliar la situación financiera. Sin contar otros gravámenes, como el de Ganancias, sobre la soja habrá retenciones de más del 30%; sobre el maíz y el trigo, 15%, y sobre las carnes, 9%. A esto se ha sumado, en lo esencial, una suba significativa en el impuesto a los bienes personales, el recargo a los gastos realizados en dólares y una mayor dureza sobre el cepo cambiario en vigencia.

Uno de nuestros lectores escribió la carta que sigue: "Los legisladores chilenos, ante la presión popular, han aceptado rebajar en un 50% sus dietas y que, en el futuro, sus ingresos por distintas vías sean fijados por un ente autónomo y no por ellos mismos. Les diría a nuestros legisladores nacionales, provinciales y municipales que 'viendo las barbas de los vecinos afeitar, pongan las suyas a remojar'. Y que no se demoren en hacerlo".

"Todos tenemos que hacer un aporte y ceder algo", dijo el Presidente. Pues bien: ¿qué va a hacer el Estado, como se preguntaría nuestro lector, en cuanto a la extraordinaria magnitud de sus gastos en una economía que no crece y un país que no ahorra lo suficiente, mientras se acrecienta el deterioro relativo general en relación con el resto del mundo? ¿Qué mensaje nos están dejando los legisladores al grueso de los ciudadanos, a los que siempre se les pide un mayor esfuerzo, cuando acaban de aprobar que quedan fuera del congelamiento de las jubilaciones los expresidentes de la Nación, los funcionarios públicos y los jueces? Decisiones como esa -aunque resulten temporarias- muestran incoherencia entre lo que se pide y cómo se actúa.

Durante la sesión en Diputados por la declaración de emergencia que reclama el Gobierno, el diputado Waldo Wolf (Pro-Buenos Aires) propuso el congelamiento durante 2020 de todas las dietas y sueldos de políticos, que el Poder Judicial pague Ganancias y que el Presidente, por decreto, disponga la extinción de dominio "para que todos los políticos que robaron devuelvan la plata al pueblo argentino. Estemos a la altura de las circunstancias", sostuvo el legislador.

Un caso paradigmático por su lamentable resultado se ha dado en Venado Tuerto, Santa Fe. Un concejal propuso una reducción del 70% en la dieta de los ediles. El autor de la propuesta, Darío Jeannot (Bloque Venado Renace), hizo notar que los concejales cobran 120.000 pesos por mes y que la mayoría desarrolla actividades en el sector privado. Perdió la votación por 9 a 1. A cambio, acordaron congelar los sueldos durante seis meses.

El ajuste que buena parte de la política se resiste a hacer ha quedado debidamente reflejado en un petitorio lanzado por la plataforma change.org, que suma adhesiones minuto a minuto. Reclama que los legisladores, gobernadores, sindicalistas, jueces "y toda persona que pertenece al poder político aporte el 30% de sus ingresos", que den el ejemplo.

Macri dejó una situación económica crítica, pero el kirchnerismo había dejado un país inviable, no solo por el desprejuicio republicano con el que maltrató a las instituciones, sino por un déficit en las cuentas públicas que el gobierno cesante el 10 de diciembre logró reducir, pero tarde y a costa de un precio político alto. Si el nuevo gobierno no da el ejemplo, ¿con qué autoridad se puede reclamar más esfuerzo al esquilmado sector privado?

Uno de los primeros economistas de prestigio internacional en criticar algunas de las flamantes medidas ha sido Guillermo Calvo. Observó que el país hace ahorros por solo el 14% del PBI cuando debería estar por arriba del 20% para crecer. Por eso, ha encontrado inexplicable que se castigue el ahorro en dólares. Debe tener alguna reserva grave sobre la influencia que el premio Nobel Joseph Stiglitz pueda ejercer sobre el ministro de Economía. Para desarmar esta prevención, acaso convendría que el propio Stiglitz dijera qué tiene para sugerir al Gobierno como medidas adecuadas para bajar el gasto público, que subió desde el 30% en 2001 al 47% del PBI con el que se despidió en 2015 Cristina Kirchner.

El gasto que más ha aumentado ha sido el de provincias y municipios. Pero el despilfarro campea en otras partes del Estado, como en el Congreso, con legisladores que cuentan con más de 50 asesores y arman al lado de ellos inesperadas pymes de relevancia. La Biblioteca del Congreso, con más de 1500 empleados, ha sido señalada, por comparación con bibliotecas de renombre mundial y varias veces más vastas, como un caso emblemático de esos abusos. Otro tanto podría decirse de algunos regímenes de licencias docentes que multiplican inexplicablemente a costa de los contribuyentes el número de cargos públicos.

Ha llegado la hora de rediseñar el aparato estatal y de dotarlo de eficiencia. Es tarea urgente e ineludible del Estado nacional, de la ciudad de Buenos Aires, de las 23 provincias y de los 2300 municipios de todo el país. Con 4 millones de empleados públicos, 7 millones de jubilados y pensionados y más de 8 millones de beneficiarios de planes asistenciales -cerca de 19 millones de personas- no hay economía que resista si la producción no crece y el Estado se limita a perfeccionar atributos para conjurar su vulnerabilidad con lo que extrae por recaudaciones fiscales del sector privado. Es, desde luego, hora de aportar y de ceder, pero entre todos.


Fuente:https://www.lanacion.com.ar/editoriales/que-la-solidaridad-empiece-por-la-politica-nid2318008