Accionistas, directores y CEO deberían entrenarse en compliance
Recomiendan la capacitación para entender y ajustarsea la futura ley penal empresaria
29 DE OCTUBRE DE 2017
Paula Urien
LA NACION
Los últimos números del Lava Jato brasileño son contundentes: 1765 procedimientos; 877 allanamientos; 97 prisiones preventivas; 110 detenciones, 6 en flagrancia; 303 pedidos de cooperación internacional; 158 acuerdos de colaboración premiada; 10 acuerdos con empresas; 282 personas acusadas criminalmente; 180 personas condenadas. Con este resultado de las investigaciones por corrupción se presentó Rodrigo Carril, Fundador del Instituto Compliance de Brasil, uno de los expositores en el II Congreso Internacional de Ética y Compliance organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Thomson Reuters en el auditorio de la Bolsa de Comercio. Se trata de un evento que crece y que estuvo signado por el gran debate en torno a la nueva ley de responsabilidad penal empresaria que "va y viene, viene y va en el Congreso", según expresó la jueza Patricia Llerena en la que todo parece indicar las empresas tendrán beneficios en caso de ser juzgadas por corrupción si tienen implementado un programa idóneo de compliance.
"El proyecto que ésta en Diputados permite que la persona jurídica pueda ser eximida de penas siempre y cuando tenga una acción proactiva de colaboración con la justicia", dijo Llerena. "Para esto tienen que hacer no cualquier programita de control sino uno de control efectivo. La persona detrás del cumplimiento de las normas tiene que mostrar que los responsables de la corrupción sortearon todas los obstáculos para cometer el delito. Pero la persona jurídica va a ser responsabilizada si quienes tienen que controlar no lo hacen, y también si se prueba que los directores decidieron cometer el delito."
El trabajo del compliance officer es arduo, debe tener un aval total del top management para tener el poder de decir que no a negocios sospechosos. Pero si está bien hecho puede resultar clave para resguardar a la persona jurídica en caso de que se sancione la nueva ley. "Implementar un programa de compliance no es nada sencillo", dijo Carlos Rozen, presidente de la AAEC. "El error más común consiste en creer que se trata de un tema jurídico o que es cuestión de poner en marcha algunas herramientas que se copian y adaptan, y ya. Compliance es cuestión de comportamientos y se trata de educar, de gestionar el cambio".
Evaluar un programa de compliance (algo que tendrán que hacer desde la Justicia) lleva implícito un conocimiento técnico que incluye ajustarse a normas internacionales. Por eso la AAEC asumió el compromiso de entrenar a jueces y fiscales en la forma de medir estos programas de integridad que, a partir de la ley, deberían tener empresas multinacionales y también nacionales. Está en estudio si las Pymes estarán incluidas, o no, en la obligación (por beneficio propio) de ponerlos también en marcha.
Estafar al Estado
Más números aportados por el experto en compliance brasileño mostraron que 50 personas, 16 empresas y 1 partido político fueron acusados de improbidad administrativa en Brasil. "La Argentina necesita su propio caso testigo, su propio La Jato", recomendó.
En este sentido, el fiscal criminal y correccional federal , Carlos Rívolo, se quejó de que, con respecto al proyecto del ley de responsabilidad empresaria que se volverá a tratar en Diputados, "les aviso que en el Congreso no nos escucharon. El artículo uno de esta ley enumera muchos delitos de corrupción, pero se olvidaron del delito número uno, que es la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esperemos que esto sea corregido en el futuro".
También agregó que "tener un programa de compliance ayuda a identificar dónde estuvo el problema, qué ventanas estaban abiertas para que se llegue a un hecho delictivo. Pero como fiscal, tal vez te pueda atenuar la pena, pero no sé si te la eximo completamente.", cuestionó.
Por su parte, Diego Bunge, presidente de Fores, socio del estudio Bunge, Smith & Luchia Puig, habló de que "la propia ley hace que cambiemos un paradigma que implica un cambio de cultura, cuando los actores no hemos cambiado de cultura". Se refirió al accionar de la Justicia, con casos sin resolver por períodos que pueden llegar a 14 años. "Los parámetros de conducta hasta antes de ayer chocan con los estándares y conductas que exige la nueva ley. Habrá que establecer cánones nuevos de conducta en las organizaciones, es decir, relaciones con distribuidores y relaciones internas en las empresas, entre otras. Las conductas del pasado que se extiendan a partir de la ley pondrán en un riesgo importante a las empresas, que pueden tener consecuencias penales. Por eso, todos los actores necesitan capacitarse, los directores, accionistas, el top management en general".
El capítulo internacional
El fútbol también tuvo su protagonismo, sobre todo por los escándalos de corrupción que protagonizó durante los últimos años. La compliance officer de origen paraguayo, Graciela Garay, fue contratada para poner las cosas en orden en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). "Estamos en el campo de batalla", disparó. "Cuando todos creyeron que había finalizado la credibilidad del futbol a nivel sudamericano nosotros vimos una oportunidad".
La experta encargada de devolverle la credibilidad tomó una serie de medidas, entre ellas, cortar los pagos en efectivo. "Todos los pagos son realizados vía transferencia bancara", aseguró. De esta manera existe un registro del dinero que entra y sale. También impuso la investigación previa en materia de transparencia a proveedores y, lo más difícil, también a sponsors.
Un proyecto muy modificado
La ley de responsabilidad penal de las persona jurídicas y su paso (no fugaz por el Congreso)
Fuente: Carlos Rozen, Hernán Munilla lacasa y Mariana idrogo, de la aaEcHoy.
Fuente:www.lanacion.com.ar
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