JUS/GralInt-Luces y sombras en el balance de la Justicia

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Luces y sombras en el balance de la Justicia


El avance en la independencia judicial debe profundizarse removiendo a aquellos jueces que han dado sobradas muestras de parcialidad


30 DE DICIEMBRE DE 2016



Al pasar revista y analizar las relaciones del gobierno de Mauricio Macri con la Justicia, surge un saldo positivo cuando se contrapone el año transcurrido con los 12 años del kirchnerismo, caracterizados por las fuertes presiones sobre jueces y fiscales en procura de subordinar al Poder Judicial a los designios del oficialismo de entonces.

El mayor respeto por la independencia judicial que rige en la actualidad es un rasgo saliente en este balance, que, no obstante, exhibe también fuertes déficits y la necesidad de corregir más de un rumbo. Otro factor positivo ha sido el reconocimiento de la necesidad de llevar a cabo en el futuro un programa de reforma judicial integral, denominado programa Justicia 2020.


El año comenzó con un serio traspié de Cambiemos en aquello que, sin embargo, resultó uno de sus mayores aciertos en relación con la Justicia. Ocurrió cuando el Poder Ejecutivo intentó designar por decreto y "en comisión" a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia. El problema no radicaba en los candidatos, sino en las formas. Luego de las lógicas críticas, el Gobierno optó por enviar al Senado la propuesta de ambos candidatos, quienes finalmente se integraron al máximo tribunal.

Así como también hay que elogiar la prudencia y el buen criterio del ministro de Justicia, Germán Garavano, es preciso reconocer, en cambio, que no contribuyen a la transparencia las intervenciones de presuntos asesores o "gestores" del Presidente ante los tribunales, como Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y el empresario del juego y presidente de Boca Daniel Angelici. De ellos, es Angelici quien ha generado los mayores cuestionamientos, comenzando por los de la diputada oficialista Elisa Carrió. Recientemente, Angelici se vio seriamente comprometido por una escucha telefónica en la que el jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, aseguraba que tenía con él un pacto "a muerte", por el cual -según manifestó- Angelici "nos banca y nosotros lo vamos a bancar". Angelici dista de ser la persona indicada para oficiar de puente con los tribunales, y a medida que transcurre el tiempo se va convirtiendo en un lastre político para el Presidente.


Otro hecho negativo fue el frustrado intento de lograr el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, la titular abiertamente kirchnerista de la Procuración General de la Nación. Más grave que el fracaso fue su alto costo, pues el oficialismo procuró acotarle el poder y el mandato mediante un proyecto de ley sospechado de inconstitucional, y Gils Carbó terminó fortalecida.

También debe computarse entre los grandes desaciertos judiciales la llamativa cortesía de Mauricio Macri con el escandaloso juez federal Norberto Oyarbide. Acorralado por un juicio político, y tras fracasar en su intento mercenario de operar para el Gobierno, el magistrado no tuvo más remedio que presentar su renuncia al Presidente, pero éste, en vez de rechazarla para que continuara su marcha el juicio político que muy probablemente desplazaría a Oyarbide, la aceptó, permitiéndole de esa manera gozar sin inconvenientes de su jubilación.


En el año transcurrido quedó de manifiesto el sometimiento o el servilismo de varios jueces y fiscales federales ante el gobierno de turno. Los mismos que durante años mantuvieron en letargo importantes investigaciones sobre graves hechos de corrupción demostraron tras las elecciones un repentino frenesí investigativo, que en algunos casos en cuanto se alejaron las cámaras de televisión pareció aquietarse nuevamente.

Llama la atención, también, que avancen causas contra Cristina Kirchner, como la del dólar futuro, en la que el aspecto probatorio es bastante discutible, y no aquellas, como Hotesur, que revisten mucha mayor gravedad y donde las pruebas hace tiempo que se encuentran en el sumario. En cambio, hay que destacar la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación al ordenar que se investigue la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA.

Urge limpiar el fuero federal de jueces cómplices o ineptos. La demora en hacerlo se le achacará al Gobierno, si bien hay que reconocer que la principal responsabilidad es del Consejo de la Magistratura, donde es preciso que avancen las investigaciones al camarista Eduardo Freiler y al juez federal Daniel Rafecas.

Llenar las numerosas vacantes también es responsabilidad del Consejo de la Magistratura, y no se trata sólo de jueces, sino de camaristas. En efecto, hay vacantes en las cámaras de Casación Penal, Federal Penal, en lo Contencioso Administrativo y Nacional Electoral.

En lo que hace al frente interno, hay algunas causas cuyo avance puede afectar al Gobierno. Por ejemplo, el sumario a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el origen del dinero robado en su domicilio el día en que ganó el ballottage, en el cual también se investiga a varias fundaciones de Pro. Le siguen el de los Panamá Papers y el que se abrió por haber autorizado mediante un decreto la inclusión en el blanqueo de capitales de los familiares de funcionarios.

Puesto que es innegable la degradación de la justicia argentina, lo que haga o deje de hacer en esta materia fundamental será una de las varas para evaluar la gestión de Mauricio Macri.




Fuente:www.lanacion.com.ar