POL/LEG/GralInt-Graves irregularidades en el juicio a Campagnoli/Campagnoli frente al pelotón de fusilamiento

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La suspensión de Campagnoli



Sábado 21 de junio de 2014


Editorial I

Graves irregularidades en el juicio a Campagnoli



El fiscal que recogió pruebas contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez sufre las consecuencias de haber obrado con independencia





Son numerosas las falencias y graves irregularidades del proceso que se sigue al fiscal de instrucción José María Campagnoli para removerlo de su cargo mediante la acusación de mal desempeño en sus funciones.

Salta a la vista cuál es la verdadera razón de la molestia y hasta el temor que la labor de Campagnoli generó en el Gobierno y en la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y que puso en marcha la decisión de aplicarle al fiscal un castigo que al mismo tiempo sirviera de disuasivo para todos los colegas suyos que quieran investigar la corrupción del kirchnerismo.

Se le imputa que habría alterado el objeto procesal de una causa por extorsión al financista Federico Elaskar para la venta de la Financiera SGI. Según esta acusación, Campagnoli habría forzado la investigación para enfocarla en el empresario y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez, en un expediente en el que no tenía competencia y en el que produjo abundantes pruebas que complicaron a Báez.

Las enormes irregularidades que exhibe este absurdo proceso de enjuiciamiento generan una razonable desconfianza y permiten concluir, en efecto, que el acusado está siendo claro objeto de represalias. Cualquier denuncia contra una persona a determinar, por un delito indeterminado, queda sujeta a la investigación preliminar que realice el fiscal. Inicialmente no existía una supuesta "denuncia contra Elaskar por administración fraudulenta" como se aduce al acusar a Campagnoli de haberla modificado para convertirla en una denuncia contra Báez por extorsionar a Elaskar. Veamos las falaces acusaciones:

El principal argumento de la imputación es que, a partir de las investigaciones preliminares que realizó durante 22 días, Campagnoli modificó el objeto procesal del expediente que tenía ante sí al investigar a Báez por lavado de dinero, para lo cual se esgrime que no habría tenido competencia. Pero el dictamen de Gils Carbó omite una relevante circunstancia procesal. En las causas que son investigadas por un magistrado, es el fiscal quien debe circunscribir inicialmente el objeto procesal y éste se mantiene fijo excepto que se realice un nuevo escrito de delimitación que lo modifique. En cambio, cuando la causa es delegada en el fiscal, quien tiene a cargo la investigación, el objeto procesal se fija una vez concluida la investigación preparatoria. Sin embargo, a Campagnoli lo están juzgando por las averiguaciones preliminares que realizó durante 22 días sin que siquiera estén acabadamente descriptas en el dictamen de Gils Carbó.
Se lo acusa también de haber investigado un delito ajeno a su competencia material, como el lavado de dinero, cuando, en realidad, él investigó la extorsión a Elaskar, tal como validó la Cámara de Apelaciones, con pruebas compartidas con el supuesto lavado. La denuncia es un elemento que se debe tener en consideración pero, de ninguna manera, ha de fijar la línea que se debe seguir. Si un fiscal tiene que investigar una denuncia de lesiones, pero luego descubre que también se ha cometido un robo, no debe limitarse a las lesiones, sino que puede intervenir en los delitos vinculados.


En este caso, quienes eran propietarios, en determinado momento, de la firma SGI, manifestaron haber sido defraudados sin identificar a ningún responsable. Campagnoli adoptó medidas para recolectar pruebas de eventual administración fraudulenta y extorsión, ambos delitos diferentes al de lavado de dinero que se derivara a la justicia federal. Gils Carbó sostiene que las averiguaciones del fiscal no guardaban relación con esos delitos, pero comete el grosero error de no advertir que lo que la fiscalía intentaba sacar a la luz era una posible sustracción de acciones societarias. Resultaba imperioso para ello solicitar detalles de los movimientos entre empresas.

Aun antes de recibir las denuncias, argumentando razones de reestructuración en el sistema de subrogancias, Gils Carbó decidió remover a Campagnoli de la subrogancia que realizaba en la Fiscalía de Instrucción N° 10. Pocos días después, a través de sus colegas, Campagnoli tomó conocimiento de que la procuradora estaba ofreciéndoles a ellos ese mismo puesto que no contemplaba, obviamente, ningún nuevo procedimiento.


Como cabía esperar, y según está previsto por la misma ley que permite objetar la resolución de un superior, Campagnoli cuestionó seriamente a la procuradora general por apartarlo de los casos vinculados a Lázaro Báez. Lo hizo en un marco de respeto a la investidura, lejos de haber incurrido en supuestos exabruptos y ofensas institucionales que ahora quieren endilgarle.

Otra irregularidad del dictamen consiste en acusar a Campagnoli de haber propiciado las condiciones para que se filtrara a la prensa su dictamen conteniendo la adopción de diversas medidas de prueba. Los periodistas que declararon como testigos la corriente semana negaron haber recibido de la fiscalía el dictamen, que también se encontraba en poder de la oficina de prensa de la Procuración General y de un juzgado federal.
Entre las innumerables anomalías que tiñen el proceso, cabe mencionar que la designación del representante de la Procuración General, Daniel Adler, como juez titular en el juicio que se le sigue al fiscal, careció de la más mínima transparencia. El 19 de septiembre del año pasado, Gils Carbó anticipó que el nombre del juez surgiría de un sorteo por realizarse en acto público el 20 de septiembre a las 12, pero no difundió debida y anticipadamente su decisión, al punto de protocolizar la actuación sólo el mismo 20 de septiembre. Tanto Adler como Jorge Auat, quien fuera designado suplente, integran la asociación civil Justicia Legítima, de conocida tendencia kirchnerista, lo cual demuestra la total falta de independencia de algunos de quienes hoy lo juzgan.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por acordada de 2008, estableció como parámetros para garantizar el acceso a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía, que se debe permitir filmar los actos iniciales, los alegatos y la lectura del veredicto. No así las instancias de una indagatoria. Sin embargo, el tribunal que enjuicia a Campagnoli ha decretado expresamente que dicha norma no podrá aplicarse en este caso, en un nuevo intento de restar visibilidad y difusión al proceso oral que ya ha comenzado. Con este mismo espíritu, se asignó un pequeño salón con capacidad para 45 personas y, ante el justificado reclamo de los diputados Manuel Garrido y Laura Alonso, fundado en la gravedad y trascendencia del caso, se aceptó agregar 15 sillas más.

El pecado que cometió Campagnoli para la mentalidad mezquina del Gobierno fue investigar con independencia y demostrar que un fiscal, en 22 días, puede recoger más pruebas comprometedoras que la mayoría de sus colegas del fuero federal en años.

Resulta inusual, además de un claro abuso, destituir a un fiscal con 20 años de experiencia por un supuesto exceso en el objeto procesal y por la supuesta omisión de cuidar que no se filtre a la prensa un dictamen, filtración que no es cierta.

Cada vez resulta más evidente que nos encontramos ante una persecución manifiesta que se lleva adelante en un trámite irregular pocas veces visto en nuestro país. La víctima es un probo y honesto funcionario judicial, víctima de un hecho que reviste una gravedad inusitada. Durante esta década se han observado numerosos actos que afectaron directamente la independencia judicial en nuestro país, pero nunca se había visto algo tan extremadamente burdo.

Se encuentran peligrosamente en juego los principios rectores de la sana independencia judicial y todo parece indicar que la impunidad de la corrupción podría cobrarse una nueva víctima.









Campagnoli frente al pelotón de fusilamiento


Por Jorge Lanata


Ninguna descripción fue mejor que la de Nicolás Wiñazki: Campagnoli parece el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón del fusilamiento, dijo.

Y exactamente eso parecía Campagnoli esta semana, frente al Jury diseñado por la procuradora Gils Carbó. El martes 17 declaré como testigo en esa causa, y entendí, al trasponer la puerta, la decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de cámaras y grabadoras y, aún más, de sustanciar el juicio durante el Mundial:todo el proceso es una trampa.

Declaré más de una hora frente a los siete jueces y dos fiscales: sólo me preguntaron por Campagnoli durante los primeros diez minutos; el resto del tiempo sus preocupaciones estuvieron centradas en otro lado: demostrar que la investigación sobre Lázaro Báez difundida en Periodismo para Todos no tenía ninguna sustancia. Por eso estallé cuando el fiscal Adolfo Villate me preguntó, con sorna: “¿Usted chequeó y recontrachequeó esto?” . Se refería a una denuncia por extorsión hecha por Federico Elaskar, la misma que Campagnoli rescató del olvido de su archivo para comenzar la instrucción de la causa que le permitió, en veinte días, descubrir gran parte de la ruta del dinero K.

“Chequeo y recontrachequeo” es una marca registrada: son las palabras que usaron los “Cyber K” mil veces para desacreditarme. Me llamó la atención que Villate fuera tan obvio pero, a la vez, me enojó. Por eso hice un silencio y le dije, mirándolo a los ojos: –¿Qué se siente trabajar para Lázaro Báez?

Villate me interrumpió y le volví a preguntar: –¿Lázaro paga bien?

Esa misma tarde, en mi escritorio, entendería varias cosas con sólo revisar los antecedentes de los jueces y los fiscales. Pero, a los 53 años, había cometido un error de principiante: no haberlos conocido antes de ir a la audiencia. ¿Ingenuidad o falta de tiempo? No tiene sentido responder: las excusas no se televisan. Como siempre, la realidad superaba cualquier especulación: aunque suponía que todo aquello estaba armado para condenar a Campagnoli, nunca hubiera sospechado que algunos de los jueces fueran, en verdad, quienes deberían ir presos.

¿Quiénes dirán, en nombre del Estado, que Campagnoli es culpable? Lo que sigue está chequeado (y recontrachequeado): Daniel Adler es el representante de Gils Carbó, presidente del tribunal y miembro de Justicia Legítima. Fue denunciado por integrar una asociación ilícita formada por miembros de la Justicia Federal, del ministerio público fiscal, y por un abogado, todos reunidos para armar una causa penal por delitos de lesa humanidad contra Federico Hooft, juez federal de Mar del Plata. Hooft fue absuelto el 28 de abril pasado luego de un jury de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por ocho votos contra dos; los hechos fueron los mismos que conforman la causa penal federal: no haber investigado las desapariciones de abogados marplatenses en la denominada “Noche de las corbatas”, en julio de 1977. Declarada la inocencia de Hooft, éste pidió que se investiguen los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato en los que habrían participado los fiscales de Mar del Plata Daniel Adler, Pablo Larriera y Claudio Kishimoto; los fiscales de la Procuración General de la Nación Jorge Aguat, Pablo Parenti y Eugenia Montero; el juez federal Martín Bava y el abogado César Silvo. La denuncia estuvo acompañada por la grabación de una extensa conversación mantenida por uno de los hijos de Hooft con el fiscal Kishimoto, en la que el funcionario reconoce que la causa “es un gran verso”, y recuerda que, en una entrevista con el fiscal Aguat en la que Kishimoto se quejaba de las cosas que Adler le obligaba a hacer en el expediente, Aguat le dijo: “Mire, Adler nos es funcional y nos sirve”.

Ernesto Kreplak es el representante del Ejecutivo en el tribunal. La testigo Silvia Martínez, ex funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo denunció como responsable de ordenar a Norberto Berner, ex titular de la IGJ, no entregar documentación de Ciccone a la oposición y a los medios.

Kreplak es un militante de La Cámpora que controla desde 2012 la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, donde aterrizó de la mano del secretario de Justicia Julián Alvarez.

Como buen camporista, ahorra en dólares, desoyendo los pedidos de la Presidenta: a fines de 2012 declaró 51.304 dólares en una cuenta y 24 mil en efectivo, con lo que su patrimonio aumentó un 50% en un año. Está inscripto en un concurso para ser fiscal federal, por lo que los defensores de Campagnoli pidieron que no fuera miembro del tribunal, pero no se hizo lugar a la medida.

Rodolfo María Ojea Quintana es el representante del Senado en el tribunal.

No tiene una gran práctica en manejo de explosivos: el 25 de septiembre de 1972 estalló su domicilio en Vicente López como consecuencia de la manipulación de una bomba en la cocina de la casa. Falleció Alicia Camps, mientras que Graciela Imaz, mujer de Ojea, y sus hijos Tomas y Celina, fueron heridos por la onda expansiva.

Marcelo García Berro, ex fiscal del Tribunal Oral Federal, hijo de un miembro de la Cámara del Crimen durante la dictadura de Videla, fue denunciado por Horacio Verbitsky en “Hacer la Corte” por facilitar la morgue judicial al Ejército para realizar autopsias de personas asesinadas en falsos enfrentamientos durante la dictadura. La denuncia fue ratificada por el CELS. El ahora fiscal que participa del jury a Campagnoli fue procesado por el juez Hooft junto a diez policías y cuatro civiles acusados de participar en una amplia red de prostitución, encubrimiento y falso testimonio, en el marco de los asesinatos que la prensa local llamó “El caso del loco de la ruta”, donde más de veinte prostitutas aparecieron muertas en Mar del Plata. Pedro Hooft inició la investigación de tres casos. El procurador General de la Corte Suprema bonaerense, Matías de la Cruz, afirmó: “el fiscal García Berro tenía una vinculación casi pública con una de las desaparecidas, Verónica Chávez, y más tarde se comprobó que en su declaración judicial no había dicho toda la verdad.

Se constató también que había omitido detalles, según pudo comprobarse de entrecruzamientos telefónicos durante esos años con la gente a la que se pidió la detención”. García Berro adjudicó la acusación a su rol como fiscal en el Juicio por la Verdad, aunque su nombre aparece en el expediente desde el comienzo de la investigación, como “Marcelo”, Chevrolet Corsa 5187 Poder Judicial, y se comprobó por sistema Excalibur que llamaba al prostíbulo de La Perla con frecuencia.

Alejandra Isabel (se reserva el apellido) testigo de la causa, declaró que salió con García Berro por ser fiscal, y que en esas salidas ponía música hitlerista en el auto, le hablaba de droga, y en una oportunidad la amenazó con que le pasaría algo a sus hijos si no accedía a sus requerimientos.

Otra declaración, la de Claudia María M., del 29 de octubre de 1997, señala a García Berro como quien le pide para una fiesta dos prostitutas y dos travestis.

“Concretado el requerimiento, a los pocos minutos escucha gritos de una de las prostitutas, y cuando entra al cuarto donde se desarrollaba la fiesta ve a García Berro sangrando del pene, y exigiéndoles a las prostitutas y a los travestis que siguieran con sus trabajos”. En la historia clínica 15845 del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, Marcelo García Berro presentó en fecha coincidente un diagnóstico por una enfermedad contagiosa y venérea llamada Histopapiloma Virus, y agrega que había abandonado el tratamiento por propia voluntad y sin curarse.

María Cristina Martínez Córdoba es la representante de la Defensoría General de la Nación.

Tiene escasos antecedentes en materia de derechos del menor y la familia, y su mayor actividad académica se desarrolló como profesora de lengua, pero quiso la magia judicial que ascendiera en el orden de un concurso para ser defensora de menores luego de haber quedado en cuarto lugar.

Como se ve, el grupo de tareas de Gils Carbó parece estar más cerca de ser condenado que de ser jueces. Algo lógico en un país donde el vicepresidente, esta semana, fue citado en indagatoria a declarar por tener un auto importado con papeles truchos.

Investigación: JL/María Eugenia Duffard/ Amelia Cole















Fuente: www.lanacion.com.ar/www.clarin.com