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La educación está siendo vulnerada por la barbarie
Ninguna toma de colegios puede ser calificada de "ocupación pacífica"; mucho menos, cuando se conculcan elementales derechos de alumnos y docentes
22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
La toma de un colegio es de por sí un acto violento, aunque se pretenda mostrarlo como una "ocupación pacífica". Nada puede tener de pacífica la ocupación de un establecimiento educativo, impidiendo el desarrollo normal de las clases y coartando el derecho constitucional de miles de estudiantes secundarios a recibir educación.
La barbarie se ha apoderado de unos 25 colegios porteños que, hasta ayer, seguían tomados por grupos de estudiantes, apoyados por sectores sindicales y grupos políticos vinculados al kirchnerismo y a fuerzas de izquierda, cuya queja pasa por una reforma educativa impulsada desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que contempla la realización de prácticas educativas obligatorias en el último año del nivel secundario, como parte del plan de estudios.
Es tal la prepotencia de quienes llevan a cabo esta medida tan dañina que incursionan en la violencia de hecho, perjudicando a quienes quieren continuar con sus estudios, pero no pueden.
Tres semanas lleva ya la medida de fuerza que invierte los términos de las relaciones entre docentes y alumnos, pues aquí son estos últimos quienes deciden, hacen e imponen su criterio al plantel docente, a sus propios compañeros -muchos de los cuales no coinciden con ellos- y, finalmente, a toda la sociedad.
Resulta claro que la modalidad de protesta escogida está vulnerando los derechos de una mayoría de alumnos que quieren estudiar y no pueden hacerlo desde hace demasiados días, con el enorme perjuicio que eso conlleva. También está lesionando el derecho de numerosos docentes a trabajar.
La actitud de estos grupos que obstruyen el dictado de clases es el reflejo de lamentables deformaciones que se han generalizado en los últimos años. Van desde la creciente falta de respeto por la autoridad de maestros y profesores hasta la incapacidad de muchos padres para marcarles indispensables límites a sus hijos.
En todo el mundo resulta habitual que los alumnos protesten por algo, pero no que su protesta se traduzca en la toma de los centros de estudios.
Desde hace bastante tiempo, los docentes sufren distintas formas de violencia por parte de alumnos y padres. Ahora, con las tomas de colegios, son los propios estudiantes quienes sufren la violencia al ver conculcado su derecho a la educación por parte de un grupo minoritario que sólo parece ver la escuela como el trampolín para una carrera política en agrupaciones que, bajo el disfraz de un supuesto progresismo, exhiben actitudes autoritarias, alejadas del principio de tolerancia que debe regir en un sistema democrático.
Resultan deplorables los argumentos empleados por la ex presidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner para defender la medida de los estudiantes. "La educación no puede ser censurada, no puede ser obturada, no puede ser amputada", dijo ayer, y eso es exactamente lo que están haciendo los estudiantes que impulsan las tomas de colegios.
En cambio, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se reunió en las últimas horas con representantes de los estudiantes en el marco de una mediación propuesta por el defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, y pidió abrir las puertas de las escuelas para avanzar en el diálogo y discutir la reforma educativa, pero la ocupación continúa. La ministra exhortó a los padres a que tengan "los pantalones largos puestos y las polleras puestas para decirles a los chicos que no".
El propósito de la reforma es concretar una renovación tendiente a lograr una educación deseable para superar décadas de agotamiento y promover un espíritu motivador en los directivos, docentes y alumnos. El diálogo y las instituciones son el único camino para debatir la reforma.
La fuerza y la violencia se han extendido a lo largo de tres largas semanas y sorprende que nadie pueda hacer nada frente a este absurdo atropello. Llama la atención e indigna que ninguna autoridad pueda poner las cosas en su lugar, de modo que algunos padres no tengan otra salida que recurrir a la Justicia para que se les garantice a sus hijos su elemental derecho a recibir educación.
Fuente:www.lanacion.com.ar
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