Historias de jueces malos y buenos
12 de
julio de 2026
En medio de un
clima en el que se “designan jueces a empellones” (Bernardo Saravia Frías dixit),
existe la posibilidad cierta de que la semana que se inicie sea la última en el
ejercicio del cargo de uno de los mejores jueces federales del país. Se trata
de Martín Irurzun, miembro de la decisiva Cámara Federal de la Capital, donde van a parar las
apelaciones de los acusados por corrupción política, lavado de dinero o
narcotráfico. El magistrado cumplirá 75 años el próximo sábado y, según la
Constitución, ese es el límite etario para ser juez federal en el país. Irurzun es uno de los jueces más implacables para condenar los
casos de corrupción en el país. Es, por ejemplo, la bestia negra del
kirchnerismo. ¿Basta eso como prueba de su independencia? Seguramente, sí. El
peor aspecto de su destino actual es que sus propios colegas admiten que “Martín
es muy inflexible frente a los pedidos de los gobiernos para que se pronuncie
de una u otra forma”. ¿Se refieren a cualquier gobierno?. Sí. ¿Mejor prueba que
esa de su imparcialidad? Imposible. ¿Es un reproche a Irurzun? Parece. Él creó
lo que se llamó la “doctrina Irurzun”, según la cual la prisión preventiva es
posible para exfuncionarios acusados de corrupción porque pueden tener un
“poder residual” que les permita entorpecer la pesquisa de fiscales y jueces.
Antes, solo se necesitaban pruebas físicas de riesgo de fuga o de amedrentar
testigos para que los acusados sean llevados a prisión. Julio De Vido y Amado Boudou fueron
a parar con sus huesos a la cárcel afectados por esa doctrina del juez que
podría cesar en sus funciones en apenas siete días. También gracias a esa
doctrina la cárcel de Ezeiza se llenó
de exfuncionarios kirchneristas, a los que se investigaba por corruptos, cuando
el gobierno de Mauricio Macri accedió al poder. Fue la
decisión de algunos jueces federales con sede en Comodoro Py; varios de ellos vaciaron de detenidos la
cárcel de Ezeiza cuatro años después, cuando el kirchnerismo recuperó el poder
en 2019. A Irurzun le son indiferentes los que mandan, pero no para algunos de
sus colegas de instancias inferiores.
Irurzun viene
reclamando en el fuero Contencioso Administrativo que le concedan un cautelar
para seguir siendo juez de esa crucial Cámara; está
física y mentalmente en la plenitud de sus facultades. Irurzun
comparte la teoría de que la Asamblea Constituyente de 1994, que modificó la
Constitución y que incorporó esa cláusula poniéndole un límite de edad a la
permanencia de los jueces, se apartó del mandato del Congreso.
Se explica: el Congreso en tiempos de Menem aprobó la
convocatoria de una Constituyente para reformar la Constitución según un Núcleo de Coincidencias Básicas que el presidente
peronista de entonces y el líder radical Raúl Alfonsín habían
firmado en Olivos. El famoso Pacto de Olivos. Ese acuerdo señalaba que aquel Núcleo
de Coincidencias solo podía ser aprobado o rechazado por los constituyentes de
manera indivisible. Fue la precaución que tomó Alfonsín, y que la exigió como
condición para firmar el Pacto de Olivos; quería impedir que el peronismo
abriera luego la Constitución para hacer eventuales fechorías. No obstante, la
Asamblea Constituyente incorporó algunas modificaciones que no estaban en el
pacto entre Menem y Alfonsín, aunque con el acuerdo de los dos principales
partidos políticos de entonces. Una de esas incorporaciones fue la que impone
un límite a la permanencia de los jueces en sus cargos, pero por razones de
edad. Ese artículo choca a simple vista con otro de la Constitución que
protege la inamovilidad de los jueces, salvo que se compruebe una mala conducta.
Esa dicotomía constitucional, en la que un artículo desdice a otro, provocó ya
dos jurisprudencias distintas de la Corte Suprema de Justicia.
La primera sucedió en los años 90 y dispuso la permanencia del juez de la Corte
Suprema Carlos Fayt, un magistrado también íntegro e
independiente, quien ejerció sus funciones hasta meses antes de morir, a los 98
años. Aquella Corte declaró “nulo de nulidad absoluta”
el artículo que limitaba la continuidad de los jueces por razones de edad,
porque viola el artículo que garantiza la estabilidad de los magistrados y
porque esa imposición no estaba en el núcleo de coincidencias de Menem y
Alfonsín. Una corriente jurídica distinta se abrió entonces cuando los que
habían sido constituyentes aseguraron que la Asamblea Constituyente, integrada
por personas elegidas por la sociedad para reformar la Constitución, era
soberana e independiente hasta del mandato parlamentario. Ese criterio se
aplicó muchos años después con el llamado caso Shiffrin, que refiere al juez Leopoldo Shiffrin, también un intachable
magistrado que fue miembro de una Cámara Federal de La Plata, y que pidió que
le dieran el beneficio que había recibido Fayt. Ocurrió en 2017 con una Corte
totalmente distinta en su integración y que cambió la jurisprudencia del caso
Fayt: declaró vigente el artículo que impone el límite etario para los jueces.
Irurzun le
solicitó formalmente, como debe ser, al gobierno de Javier Milei que le pidiera al Senado un acuerdo
por cinco años más como juez de la Cámara, una alternativa también prevista por
la Constitución. En medio de ese trámite, Milei nombró nuevo ministro de
Justicia a Juan Bautista Mahiques, quien se
ocupó en el acto de conseguirle le ampliación del acuerdo de cinco años más a
su padre, el juez de Casación Carlos Mahiques, y
no hizo nada por Irurzun. Posiblemente, mañana la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que rechazó la
cautelar de Irurzun, le acepte a este un recurso ante la Corte Suprema. La
Corte tendrá solo cuatro día para resolver si le concede -o no- la cautelar
para que Irurzun siga siendo juez. En su apelación, Irurzun pidió con frases
elegantes que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, se
excuse de actuar en este caso, porque él fue constituyente por el peronismo en
1994 y aprobó, por lo tanto, el artículo sobre la edad de los jueces. Tampoco
estará en Buenos Aires el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Solo quedará, entonces, el
vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz,
quien debería convocar a un sorteo para elegir a cuatro conjueces de la Corte.
Todo en muy poco tiempo. Rosenkrantz se pronunció ya en el caso Shiffrin en
contra de ese artículo que está por dejar fuera de la Justicia a uno de sus más
prestigiosos miembros. La suerte de Irurzun, y de la Justicia en general, se
encierra en apenas un puñado de inminentes días.
El gobierno de
Milei venía ajeno a los ajetreos de la Justicia, como debe ser, cuando el
ministerio que se ocupa de esos asuntos estaba en manos de Mariano Cúneo Libarona y de Sebastián Amerio. Amerio es un viejo amigo del
principal asesor presidencial Santiago Caputo,
pero Karina Milei le sacó a este el control de esa
cartera y Amerio fue designado procurador del Tesoro. Ya no es viceministro de
Justicia. En sus lugares fueron designados dos ahijados de Karina, Mahiques
hijo y Santiago Viola, este con pésimos antecedentes como
abogado. La designación de los futuros jueces está en manos del Consejo de la Magistratura, que es el que propone las
ternas al Ejecutivo. Ese Consejo fue también una creación de la reforma
constitucional de 1994, aunque su constitución sí estaba incluida en el Núcleo
de Coincidencias de Menem y Alfonsín. Fue una idea del expresidente radical
para sacarle a la política la enorme influencia que tenía (¿tiene?) en la
designación de jueces. La reglamentación posterior de ese artículo
constitucional arruinó una buena idea. Ahora, el Consejo manipula los exámenes
de los candidatos a jueces y le envía las ternas al Ejecutivo de acuerdo con
sucesivas listas de influencias políticas. “Los exámenes son arbitrarios y
oscuros”, dice un consejero que conoce desde adentro cómo se hace
todo. El caso más notorio de estos días es la eventual designación del
juez Pablo Yadarola, que sacó un puntaje muy malo en su
examen, pero que se lo mejoraron luego los caciques políticos.
Yadarola es amigo personal del ministro Mahiques, y, si terminan nombrándolo,
ocuparía un cargo de juez en la Cámara Federal, que es el mismo lugar de donde
se iría Irurzun. Esa la diferencia entre ser “inflexible”, como lo califican a
Irurzun, y ser amigo, como lo es Yadarola del ministro de Justicia.
¿Manejan
Mahiques y Viola el Consejo de la Magistratura? En parte.
Ese Consejo es un archipiélago en el que hasta el kirchnerismo está dividido:
disienten las dos amigas de Cristina Kirchner que
están ahí, Vanesa Siley y Anabel Ferández Sagasti. El peronismo en el Consejo no
tiene liderazgo ni norte ni estrategia. Pero hay una vieja e indestructible
colusión que nunca se quiebra y que está integrada por el supuesto
radical Daniel Angelici y el librepensador peronista Juan Manuel Olmos. Angelici está ahora detrás de la
defensa de los dirigentes de la AFA investigados por supuestos actos de
corrupción multimillonarios. Angelici conoce la AFA como
si fuera su casa y tiene relación con “Chiqui” Tapia. Era
amigo de Mauricio Macri, pero ahora se distanció de este y se colocó bajo el
ala de otro Macri, Jorge, el alcalde porteño. Es
la prueba de la distancia que existe entre los primos Macri. Una de las pocas obsesiones de Mauricio Macri es verlos a
Tapia y a Pablo Toviggino rendir cuentas ante la Justicia. Angelici
funge como dirigente del radicalismo y posiblemente sean sus trapicheos las
causas de la extinción de ese partido en la Capital, donde la UCR retuvo el liderazgo durante más de 30 años. Su
influencia en el Consejo está espoleada por varios jueces federales, a los que
los consejeros llaman “la banda de Comodoro Py”.
Horrible calificativo para quienes tienen la responsabilidad de administrar
justicia y de disponer sobre la libertad de los argentinos. Otro referente no
menor para designar jueces es el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, que lidera a tres consejeros de la
Magistratura; él empezó en el radicalismo, pero luego se acercó al peronismo.
Dice que es un representante académico, pero es un político hecho y derecho.
Detrás de la incursión judicial del ministro Mahiques están, aseguran, Karina Milei y los primos Menem; estos no son
primos peleados, sino muy unidos por las causas buenas y malas. Mahiques conoce
los manejos del Consejo, se ocupó de la permanencia de su padre (primero la
familia, siempre), urde acuerdos con Angelici y Olmos y, encima, escucha a
varios jueces federales de Comodoro Py. La reciente acordada de los jueces
supremos Rosenkrantz y Lorenzetti con instrucciones para mejorar la selección
de jueces no solo es necesaria; también es oportuna. Rosatti, presidente del
Consejo como titular de la Corte, hace equilibrios entre unos y otros, pero
“jamás canjea sus posiciones como juez de la Corte Suprema”, asegura un
consejero confiable. ¿Le piden que lo haga? Seguramente. ¿Por qué, si no, la
aclaración? En tales condiciones se designarán cerca del 40 por ciento de los
jueces federales y nacionales en lugares que están vacantes. Será un Justica nueva.
A propósito de
la justicia argentina, el prestigioso economista alemán Rudi Dornbusch, prematuramente muerto,
recomendaba que “la Argentina importara instituciones”.
Raro que un economista no proponga fórmulas económicas, sino institucionales,
pero hasta ese punto llegó el descrédito de las instituciones argentinas, la
Justicia entre ellas. El economista Enrique Szewach suele
decir que se está cumpliendo en los hechos la recomendación de Dornbusch,
porque a los inversores se les tiene que ofrecer un cambio de jurisdicción
judicial, nunca la de la Argentina, para potenciales litigios. Lo asiste la
razón porque hay otros ejemplos: los casos de corrupción, como el de la AFA,
los investigan con más premura y eficacia la justicia norteamericana o el FBI. Y eso que Dornbusch no conocía la inestabilidad de
un destacado juez que está a punto de caer.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/historias-de-jueces-malos-y-buenos-nid12072026/
(Editado)
Comentario:
Este artículo deja una sensación difícil de ignorar: en
la Argentina, la Justicia parece funcionar como una obra de teatro donde el
libreto cambia según quién ocupe el palco principal. Resulta curioso que la
independencia judicial sea un valor tan celebrado... siempre y cuando favorezca
los intereses propios. Cuando deja de hacerlo, aparecen las urgencias por
reemplazar jueces, reinterpretar normas o descubrir amistades oportunas.
El caso de Martín Irurzun expone una paradoja muy
argentina. Se discute si un magistrado debe continuar por su edad, mientras
otros parecen avanzar gracias a un mérito mucho más moderno: conocer a la
persona indicada. Después de todo, estudiar, rendir exámenes o construir una
trayectoria impecable puede ser útil, pero nunca tan eficiente como cultivar
buenas relaciones.
También resulta llamativo que una Constitución pueda
ofrecer argumentos para sostener dos posiciones completamente opuestas, según
la época y la composición de la Corte. Tal vez el verdadero milagro jurídico
argentino no sea interpretar la ley, sino lograr que siempre diga exactamente
lo que conviene en cada momento.
La
reflexión final es inevitable. Una democracia necesita jueces independientes
mucho más que jueces obedientes. Sin embargo, el artículo sugiere que la disputa
ya no pasa por quién aplica mejor la ley, sino por quién logra influir en
quienes la aplican. Y mientras ciudadanos e inversores buscan seguridad
jurídica, pareciera que el país continúa exportando incertidumbre e importando
desconfianza. Quizás el economista Dornbusch tenía razón: si importar
instituciones fuera posible, sería uno de los pocos productos que ingresarían
sin demoras ni impuestos... aunque probablemente tampoco escaparían de la
burocracia.
C.M.