Saturday, March 4, 2023

Argentina 1985 v. Argentina 2023

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                    Argentina 1985 v. Argentina 2023

 Los fundamentos de los juicios sobre la violencia de los años 70 reabiertos desde 2004 fueron desviados del histórico fallo que condenó a las juntas

 4 de Marzo de 2023

 La sentencia que condenó a los comandantes de las tres fuerzas armadas –especialmente recordada ahora con motivo de la galardonada película Argentina 1985– ha sido un hito fundante del regreso de la democracia y muestra de valor en la defensa de los derechos humanos. Los hechos, sin duda aberrantes, de aquella época, han sido acondicionados a fin de dotar a la obra de un halo hollywoodense, tan emotivo como alejado de ciertas preguntas incómodas para la política dominante en el siglo XXI. No podría habérsele exigido a la película, desde la perspectiva propia del género cinematográfico, que se ajustase con exactitud a lo ocurrido en la realidad. O que no omitiera cuestiones importantes como expresión rigurosa de la historia, pero que la dirección del trabajo fílmico prefirió dejar de lado por consideraciones de otro tenor. Ya ha sido debidamente examinado por periodistas y políticos el destrato inferido a la actuación de un demócrata ejemplar, como fue Antonio Tróccoli, hombre de la íntima confianza de Ricardo Balbín y, más tarde, ministro del Interior del presidente Raúl Alfonsín.

 Detengámonos entonces en la visión general que surge de una distorsión palmaria de la historia entre el tratamiento por parte de los tribunales en 1985 de la tragedia que asoló al país, y de qué manera, entre la política y la Justicia, se amañó después ese andamiaje jurídico en cuestiones esenciales. Ni la Fiscalía, a cargo del doctor Julio Strassera, ni los jueces que integraron el tribunal estimaron que los crímenes cometidos por las juntas militares fueran delitos de “lesa humanidad” y, por tanto, imprescriptibles. Esa categoría de delitos fue incorporada en la legislación argentina en 2007, cuando se ratificó el Tratado de Roma. O sea, mucho después de la dictadura que perduró entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Nunca hicieron la Fiscalía o los jueces apelación alguna a la supuesta existencia de una “costumbre internacional” que permitiera aplicar, por primera vez en la historia argentina, una norma no escrita para sancionar personas de forma retroactiva en un juicio penal. Fue lo que sucedió en juicios posteriores. Una norma no escrita antes de los hechos juzgados sirvió para habilitar que los delitos fueran considerados imprescriptibles. 

Así lo sostuvo la nueva mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arancibia Clavel”, en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue la primera de una serie de decisiones por las que se ignoraron los principios de irretroactividad de la ley penal y de aplicación de la ley penal más benigna. Por esa vía se violentaron los impedimentos constitucionales que obstaculizaban la reapertura de las causas por los hechos trágicos de los años 70. Los fallos que habilitaron tales reaperturas, criticados duramente por la Academia Nacional de Derecho y por reconocidos juristas, desconocieron el principio de legalidad, que impide al Estado penar conductas no contempladas como faltas o delitos por una ley escrita. Esa ley debió haber sido sancionada por el Congreso, y promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo, con anterioridad a la comisión de los hechos. Para el personal subalterno juzgado quedó también suprimido en estos juicios reabiertos el instituto de la prescripción que contempla el Código Penal, incluso cuando en la sentencia de la causa 13/84 dicho instituto había operado a favor de los comandantes, absueltos por determinados hechos a raíz del tiempo transcurrido. No hubo una sola mención en aquellas actuaciones a alguna norma escrita o consuetudinaria que permitiera considerar imprescriptibles los crímenes que se estaban juzgando. 

 Pese al reconocimiento que el tribunal constituido en tiempos del presidente Alfonsín hizo del principio constitucional de la “cosa juzgada” –que impide volver a juzgar sucesos ya investigados y sentenciados–, este principio constitucional fue desconocido en los juicios reabiertos años después, privándose a los acusados de una garantía fundamental. En el fallo “Simón”, dictado en 2005, la Corte Suprema expresó que en estas causas los imputados no pueden “invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada”, garantías constitucionales a las que, de manera improcedente, se atrevió a calificar de “obstáculos” para el progreso de las causas. Las penas fijadas en esa segunda etapa, por así llamarla, constituyeron otra extraordinaria diferencia en relación con el juicio de 1985. El comandante de la Fuerza Aérea Orlando Agosti, con el 33 por ciento de la responsabilidad de la Junta Militar, había sido sentenciado ese año a cuatro años y seis meses de prisión. En los juicios reabiertos a partir de 2004, las penas fueron casi siempre las máximas previstas, muy por encima de aquellos cuatro años y medio. Se condenó así a cadena perpetua a las más bajas jerarquías de las fuerzas –cabos, sargentos, subtenientes– y los castigos alcanzaron también a civiles del personal de inteligencia, fiscales, jueces, funcionarios gubernamentales y sacerdotes. 

 Cuando se pretende acomodar los principios jurídicos que rigen la vida de la República a las necesidades de una decisión política, se terminan construyendo andamiajes que no resisten el análisis riguroso de lo sucedido. Sobre esos pilares se elaboró la falsa idea de una “supremacía moral”, sobre la que giró desde 2003 la política del kirchnerismo y desmenuzó en detalle, en la edición del sábado último del suplemento Ideas, uno de nuestros brillantes columnistas políticos. El contraste notorio entre aquella idealización y la conducta corrupta de los gobiernos que la utilizaron sin escrúpulos ha ido dejando a su paso escombros al cabo de veinte años. El mayor peso de ese derrumbe cae sobre quienes más se han aprovechado de aquel relato. La sentencia de la causa 13/84, dictada por la Cámara Federal en pleno, fue confirmada en su momento por la Corte Suprema, que ratificó y amplió sus fundamentos. En todos los nuevos juicios sobre las mismas cuestiones se elogiaron los considerandos de la memorable sentencia de 1985, pero aplicándoselos con parcialidad, a veces en contradicción grosera con la letra y el espíritu de aquellos. 

 No solo se desacreditó un fallo histórico, sino que, en su nombre, se impuso un sistema discriminatorio en el juzgamiento de cientos de individuos, privándolos de elementales derechos constitucionales. Además, desde hace años, y sin los controles correspondientes, se mantienen privilegios e indebidas reparaciones económicas solventadas por el fisco como parte de la manipulación ideologizada de la historia contemporánea. Superar las heridas del pasado exige revisar procedimientos contrarios a la ley a fin de que nos aboquemos a la resolución de los enormes problemas que jaquean a la Nación. Estos demandan el compromiso de las instituciones en la búsqueda de soluciones definitivas que irresponsablemente han postergado quienes gobiernan. Alimentar la división y el desorden social en función de consignas revolucionarias fue el objetivo del terrorismo de los años 70, al que en 1974 el presidente Perón ordenó “exterminar” y el gobierno de su mujer y sucesora consideró justo “aniquilar”. Por eso ha sido de tanto interés la carta de lectores del último domingo, en la que Enrique Munilla, exjefe de despacho de la Vocalía de Instrucción de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación disuelta tan pronto asumió el presidente Cámpora, recordó que entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de marzo de 1976, en función de una política de exterminio o aniquilamiento dispuesta por dos gobiernos peronistas constitucionales, hubo en la Argentina 977 desaparecidos. 

 No pocos funcionarios de la actual coalición gobernante, tan renuentes a criticar la feroz dictadura de Nicaragua, parecen reivindicar los objetivos del terrorismo subversivo de los setenta, ahora remozados en el lejano sur por aventureros que avalan supuestos derechos de pueblos aborígenes. Es otra película que hemos visto. No se trata de defender individuos ni conductas que puedan ser encuadradas en tipologías penales, sino de resguardar principios y garantías esenciales de nuestro sistema jurídico, que no pueden regir para unos y serles negados a otros, bajo la pretensión de reemplazar así la justicia por la venganza. 

 Fuente:https://www.lanacion.com.ar/editoriales/argentina-1985-v-argentina-2023-nid04032023/

Irresponsables e inaceptables declaraciones

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     Irresponsables e inaceptables declaraciones 

 4 de Marzo de 2023

 Tras el ataque mafioso al supermercado propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, mediante una feroz balacera que incluyó un mensaje que indudablemente iba a tener repercusión mundial –”Messi, te estamos esperando. Javkin [Pablo, intendente de Rosario] es narco; no te va a cuidar”, se registraron tan irresponsables como inaceptables declaraciones tanto del presidente de la Nación como de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En un acto realizado en Salta, Alberto Fernández expresó: “Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer (…) El problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio y hay que hacer algo por los rosarinos y los santafesinos”. No menos disparatadas fueron las declaraciones del ministro de Seguridad: “Los narcos han ganado. Hace 20 años que estamos en esta situación”, opinó Aníbal Fernández como si no tuviera ninguna responsabilidad sobre el asunto, para luego agregar que los hechos de violencia que se suceden casi a diario en esa ciudad santafesina ocurren, “fundamentalmente, entre bandas narco”. La principal sospecha del intendente Javkin recae sobre la policía y las fuerzas de seguridad federales, que tenían asignada esa zona para patrullar. 

 La situación que se vive en Rosario no es un hecho nuevo, agravado por la indiferencia e inacción de los mandatarios de todas las jurisdicciones que tendrían que haber actuado con mayor decisión y compromiso para combatir el crimen organizado a lo largo del tiempo. Si el Presidente recién considera que “algo hay que hacer”, ¿no habrá llegado el momento, entre muchas otras medidas, de analizar seriamente la intervención al Servicio Penitenciario? Son irrefutables las pruebas que señalan que, desde las cárceles, se está conduciendo la mayoría, por no decir todas, las operaciones narco. Sin violentar la legislación vigente, debería analizarse también la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas, ya sea para realizar estrictos y eficientes controles en los puntos fronterizos más vulnerables del país, transformados en verdaderos coladores para el ingreso de drogas y armas. Resulta cada vez más evidente que el narcotráfico ha encontrado una tierra fértil para crecer en aquellos sectores de la sociedad con profundas necesidades en educación, salud y acompañamiento social.

 Es allí hacia donde deberían apuntarse las acciones para atacar el problema de fondo. Al crimen organizado no se lo combate con frases para agradar a instancias superiores de la política. Tampoco con deseos. Se lo combate con hechos concretos, a partir de decisiones y acciones que busquen limitarlo a su mínima expresión. El brutal avance del narcotráfico ha encontrado en la connivencia con sectores de la política y de la Justicia su mayor posibilidad de expansión, al punto de llegar a encaramarse como un Estado dentro del Estado en muchas regiones de nuestro país, no solo en la castigada Santa Fe. El avance del narcocrimen es una amenaza contra la propia democracia, contra la estabilidad y la seguridad ciudadanas y contra el desarrollo, imponiendo por la fuerza sus códigos y decidiendo quién vive y quién muere en el país. 

 Fuente:https://www.lanacion.com.ar/editoriales/irresponsables-e-inaceptables-declaraciones-nid04032023/

Thursday, March 2, 2023

El espacio público, privatizado por la fuerza, por Luciano Román

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       El espacio público, privatizado por la fuerza 

 ¿Cuál es la relación del ciudadano con la norma? ¿Cómo funciona en la Argentina la cultura de los “hechos consumados”? 

 2 de Marzo de 2023 

 Luciano Román 

 En cualquier momento las peluquerías instalarán plataformas de madera o de hierro sobre las calles para atender al aire libre. Las panaderías tal vez monten sus hornos sobre las ramblas para liberar espacio en sus locales. Y no sería extraño que los talleres mecánicos caven fosas en las veredas para ampliar su capacidad operativa. Si cada vez son más los comercios que se apropian del espacio público, ¿por qué debería sorprendernos que cualquiera se adueñe, con mayor audacia, de las calles, las veredas y las plazas? Hace unas semanas, el profesor Juan Carlos de Pablo llamó la atención sobre este tema en una “ruidosa” columna en la que llamaba a “terminar con la privatización del espacio público”. Se refería, concretamente, a los permisos provisorios que durante la pandemia se les dieron a bares y restaurantes para atender en la calle, y que ahora se han impuesto por la fuerza con estructuras cada vez más grandes y más atornilladas que dificultan la circulación peatonal y vehicular en las ciudades. De Pablo se atrevió a poner el dedo en la llaga y su planteo potenció una conversación interesante sobre el uso del territorio urbano. Puede parecer una discusión municipal, casi doméstica, pero implica un debate bien complejo que propone interrogantes de fondo: ¿cuál es la relación del ciudadano con la norma? ¿Cómo funciona en la Argentina la cultura de los “hechos consumados”? ¿Cómo se para el gobernante frente al desafío de adoptar medidas que presume impopulares? ¿Cómo concebimos el uso de las ciudades y los límites en el espacio público? 


También refiere a la facilidad con la que “lo transitorio” se convierte en permanente, una tendencia que ha desnaturalizado políticas tan fundamentales como la impositiva o la de la ayuda social. El caso de los bares y restaurantes es un síntoma de algo más amplio: la creciente anarquía en el espacio público. Se les había concedido una excepción temporal y lo tomaron como un “terreno ganado”. Muchas de las estructuras que instalaron están diseñadas con buen gusto y una estética atractiva. La pregunta, sin embargo, no debería ser si nos gustan o no nos gustan, sino si están permitidas o no, si responden a un marco normativo equitativo y razonable, si no constituyen un privilegio en relación con otros rubros comerciales y si no consolidan la idea de que el espacio público es una zona liberada en la que cada uno hace lo que quiere. Juzgar el fenómeno con subjetividad estética puede conducir a una arbitrariedad peligrosa. ¿Por qué se mediría con una vara al mantero y con otra al cafecito gourmet? El Estado, acostumbrado a invadir y condicionar la actividad privada, tiene una función básica e irrenunciable: regular el uso del territorio común. Si hay algo que caracteriza a las sociedades democráticas y desarrolladas es el acuerdo normativo en relación con el espacio público. Es el escenario, por excelencia, en el que debe regir el principio según el cual el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. En la Argentina, sin embargo, estas nociones elementales quedan desdibujadas en un contexto de anomia cada vez más extendida. 

 La crisis estructural del país suele funcionar como coartada, así como la voracidad del Estado, y también su arbitrariedad y su impotencia para hacer cumplir la ley. Se cae en un razonamiento tramposo de autojustificación: como el gobierno me mete la mano en el bolsillo, me siento autorizado a ver por dónde recupero algo, de la manera que sea; como convalida la cultura del piquete, yo también me apropio del espacio público; como da lo mismo cumplir la ley que evadirla, atropello y que “me vengan a frenar”. Si los manteros toman parques y avenidas, ¿por qué no puedo yo instalar un deck sobre la calle? Si los políticos arruinan las fachadas con pintadas y pegatinas de campaña y montan sus stands en cualquier lado, ¿por qué no voy a poner yo unas mesitas en la rambla? Si los trapitos se adueñaron de los alrededores de los estadios, ¿por qué yo voy a pedir permiso o habilitación? La anomia estimula el efecto contagio. Ya hay gimnasios o academias de zumba que se instalan en lugares fijos de los parques o las plazas con su despliegue de máquinas y parlantes. Hay parrillas y cervecerías que se montan en las ramblas o las plazoletas. Es una suerte de “clandestinidad light” que se ha impuesto ante la negligente tolerancia del Estado y la pasmosa inacción de los intendentes. Por supuesto que el espacio público debe ser un territorio vivo y a la vez flexible. Todas las ciudades del mundo hacen lugar en sus calles y paseos a las mesas de los bares y cafés, a las ferias de artesanías, a los puestos de libros o a los mercados de frutas y verduras frescas. ¿Hay algo más grato que recorrer esos espacios y sentarse a comer o a tomar algo en la calle una noche templada? Pero buena parte del sistema jurídico y normativo está precisamente destinada a regular ese uso razonable y equilibrado del espacio público. Están los códigos de convivencia urbana, pero también los institutos de la concesión y del canon regulados por el derecho administrativo. 

Uno de los ejemplos más gráficos tal vez sea el de las playas. Los balnearios no se instalan “de prepo” y ocupan la superficie que quieren. Deben cumplir estrictas reglamentaciones, tienen límites precisos y pagan un canon bien alto. Es inconcebible el uso comercial del espacio público sin contraprestación ni condiciones. Ciudades como Madrid, Nueva York o París son más bellas por sus terrazas y cafés al aire libre. Pero no son espacios ganados por la fuerza. Tienen regulados hasta los modelos de las sillas, los tamaños de las mesas y las medidas de los toldos. Pagan un canon que en muchos casos es altísimo. Hasta los puestitos de libros sobre el Sena responden a una estricta legislación que da un marco normativo a lo pintoresco y lo bohemio. Lo mismo rige para los carritos de café y de hot dogs que abundan en las calles de Manhattan. ¿No hay infracciones ni conflictos? Por supuesto que sí. Pero también hay una cultura de la convivencia y de la norma que se aprecia a simple vista. Los bares y restaurantes representan un patrimonio cultural de la Argentina. Las ciudades serían más pobres sin sus cafés, no solo económicamente, sino también en términos de vitalidad e identidad. Sus propietarios, en general, pertenecen a una franja especialmente castigada en nuestro país, como es la del emprendedor, el pequeño o mediano comerciante que le pone el cuerpo a su negocio, que pelea contra un sistema que desalienta el trabajo y la inversión y que se ve todo el tiempo acosado por la inseguridad, la Afip y el excesivo afán reglamentarista de administraciones invasivas. Es un sector productivo que, por supuesto, merece comprensión y reclama, con razón, que el Estado lo estimule y no que le mande un inspector todos los días a pedirle un formulario o un permiso nuevo. 

Pensar en cobrarle tasas o cánones adicionales tampoco parece razonable en un país que se ha especializado en esquilmar a las pymes. Pero nada de eso debería contraponerse con el respeto al espacio público y con un sentido de las normas. Cuando se quiebra ese pacto tácito, se deteriora la convivencia y se reemplaza la ley por la prepotencia: “que me vengan a sacar”. Frente a la cultura de los hechos consumados, el Estado muestra su debilidad. No se trata –como bien señaló De Pablo– de salir con la topadora a demoler estructuras no autorizadas, pero sí de ejercer la autoridad y de asumir el deber inherente a todo funcionario: hacer cumplir la ley, aunque a veces pueda parecer antipático o genere resistencias. El populismo –un virus que ha contaminado la vida pública en general– suele confundir la norma con la conveniencia y leer la ley en función de oportunismos e intereses. Pero ese desapego normativo conduce inexorablemente al autoritarismo y la anarquía. La demagogia y la mano fofa del Estado suelen ser atajos muy riesgosos. Hay otra doble vara que alimenta, además, la impotencia ciudadana y la desigualdad ante la ley. A un automovilista le lleva el auto la grúa por invadir diez centímetros la senda peatonal mientras en la misma cuadra una cervecería amura un deck de 20 metros sobre la calle sin que nadie diga nada. El Estado se anima contra el individuo y se repliega ante al colectivo. Si uno se sienta a protestar en medio de la 9 de Julio con una pancarta “contra la anomia” en la ciudad, lo llevarán preso en quince segundos. 

Si se sientan más de diez, nadie hará nada. Tal vez deban discutirse nuevos códigos y reglamentos para la expansión de rubros comerciales sobre el espacio público, pero debería existir precisamente eso, un debate, no una imposición a partir de hechos consumados. De un análisis urbanístico y jurídico debería surgir un marco que contemple restricciones y contraprestaciones. ¿Sería descabellado, por ejemplo, que por el uso de metros de calle se exija que un comercio ofrezca cocheras con estacionamiento gratuito? En muchas ciudades se deben plantar dos árboles por cada uno que se saca para construir. El derecho público está hecho de compensaciones que resguardan equilibrios y equidades. Es mucho más que un debate municipal. Es un debate sobre la vida en sociedad, sobre la convivencia y la noción de la norma. En nuestro vínculo con el espacio público se define, en definitiva, la forma en la que queremos vivir. 

 Fuente:https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-espacio-publico-privatizado-por-la-fuerza-nid02032023/

De moderado a energúmeno en 120 minutos, por Andrés Malamud

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           De moderado a energúmeno en 120 minutos

 Alberto Fernández pasó de una escenografía moderada al ring; sus blancos fueron el Poder Judicial y el gobierno de Macri

 1 de Marzo de 2023

 Escenografía norteamericana, reivindicación de la moderación y ejercicio de la grieta: Alberto Fernández quiso imitar a Obama, diferenciarse de Cristina y antagonizar con Macri y el Poder Judicial. Logró todos sus objetivos: imitador, diferenciado y antagonista, el Presidente exaltó su mandato y parece aspirar a otro. Abajo, en el recinto, legisladores amigos cantaban “Alberto reelección”; afuera, en la plaza, el pueblo estaba ausente. La escenografía replicó los famosos SOTU, sigla del discurso sobre el estado de la nación que los presidentes estadounidenses profieren cada año en el congreso. Suelen incluir historias de vida con invitados de carne y hueso que personalizan alguna política pública que el Presidente elige destacar, brindándole humanidad y emoción a un acto institucional. Durán Barba habría estado orgulloso. Desde el principio, Alberto le endilgó tres sopapos a la vicepresidenta. Primero, la desafió ensalzando su condición de moderado, algo que ella desprecia. Segundo, destacó su honestidad (la de él) remarcando que no tenía denuncias por enriquecimiento, algo que ella practica. Tercero, reivindicó el Nunca Más y la película “Argentina, 1985″ para hablar de derechos humanos, algo de lo que ella gusta apropiarse. 

Alberto, en cambio, prefiere apropiarse de Alfonsín, a quien emula en las palabras y rehúsa en los hechos. A Cristina la compensó repudiando la tentativa de asesinarla y criticando el proceso judicial que la condenó por corrupción. Después de una imaginativa enunciación de éxitos, el Presidente salió de Disneylandia y se subió al ring. Sus blancos fueron el gobierno anterior y la Justicia. A su antecesor lo culpó por los desaguisados económicos, pero también donde le duele más: el espionaje con fines políticos y la tentativa de nombrar dos jueces por decreto. Casualmente eran los que estaban ahí sentados, listos para ser humillados por el cerco mediático de la televisión pública. A ellos, despreciando sutilezas, el Presidente les endosó la responsabilidad por la violencia narco en Santa Fe. Esta se debería a la falta de jueces, provocada porque “la Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”. Así, de un solo golpe, transformó a sus señorías en asaltantes y asesinos. Nayib Bukele lo llamaría un buen comienzo. La política exterior tuvo un capítulo destacado en la apología de Lula. 

Al pegarse a su amigo brasileño, Alberto deja pagando a Cristina y a los partidos opositores que también lo reivindican. Pero también deja atrás a su examigo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien sustituyó por uno que le queda más cerca y que no le cortó el rostro. Mencionando a Evo Morales pero no al actual presidente Luis Arce, Alberto expresó su solidaridad por el pueblo venezolano sin mencionar a Maduro. Reconociendo que Rusia invadió a Ucrania, evitó recordar la semana previa a la invasión en que se ofreció ante Vladimir Putin como su orificio de entrada en América Latina. Las Malvinas estuvieron omnipresentes, no porque hubiera una estrategia de recuperación sino como reivindicación simbólica y recurso emotivo. La Ciudad de Buenos Aires también estuvo, en lo que puede ser considerado el elemento más astuto del discurso. En un país que precia la belleza de su capital tanto como abomina la arrogancia de sus pobladores, lo único más impopular que el gobierno son los porteños. Para el peronismo, que pelea el primer puesto en todas las provincias, pero se acostumbró a salir tercero en la CABA, hacer antiporteñismo es pura ganancia. El Presidente no negó los problemas. 

Reconoció, por ejemplo, estar preocupado por la inflación. No ocupado, entiéndase: su elogio al ministro de economía excluyó cualquier anuncio de medidas para bajarla. El discurso se centró en los putativos éxitos de los últimos tres años, no en las efectividades conducentes del que le falta. Es difícil imaginar un escenario en el que, después de tantos triunfos, evite recandidatearse. Abramos un paréntesis para el fragmento más importante, y que pasó inadvertido detrás de los fuegos artificiales. El Presidente afirmó como objetivos irrenunciables el equilibrio fiscal y el aumento de las exportaciones. Estas son, quizás, las dos políticas más importantes que definirán el futuro del país, y en esto habría acuerdo con la oposición… aunque no con Cristina. La grieta es un gran instrumento para ordenar la política y arruinar la economía. El politólogo Javier Cachés observó en Twitter que la presidencia de Fernández se caracterizó por “la ausencia de iniciativa política, de medidas-sorpresa, de anuncios que cambien el juego”. Como si el recuerdo ingrato de Vicentín lo hubiera anestesiado, agrega. Esto lo distingue de Alfonsín, de Menem, de Kirchner y de Cristina, de quienes fue funcionario, pero también de Macri. Con una retórica progresista y un ejercicio burocrático del poder, Alberto está consiguiendo lo que nadie hubiera creído: incomodar tanto a Macri como a Cristina y mantener, aún así, una expectativa verosímil de volver a presentarse. La Argentina es un país generoso. 

 El autor es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa

 Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/de-moderado-a-energumeno-en-120-minutos-nid01032023/

Sunday, February 26, 2023

Carnaval querido, el pueblo está contigo, por Graciela Guadalupe

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               Carnaval querido, el pueblo está contigo 

 “Vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios.” (De Alberto Fernández.)

 26 de Febrero de 2023 

 Graciela Guadalupe 

 Esta columna comienza con un agradecimiento porque es bueno ser agradecido: gracias, Carnaval querido, que le restaste dos días hábiles a la semana y nos libraste de que pasaran más cosas en el país. La semana pasada nos había dejado como saldo la mesa política del Frente de Todos. Lo teníamos a Alberto tendiendo el mantel con miedo a que le sobraran cubiertos y a Máximo, que no pensaba ir a la reunión, llegando de sorpresa al grito de “desproscriban a mamá”, a sabiendas de que no tienen otro eslogan, ya que mami puede presentarse a elecciones cuantas veces quiera porque no hay sentencia firme que se lo impida. Sin embargo, ese detalle de la proscripción terminó siendo el eje del documento con el que el frente selló su “unidad”. Cuando habían pasado unas pocas horas del estallido de la última bombita de agua en Gualeguaychú, las aguas del oficialismo volvieron a agitarse el miércoles pasado con la ruptura del bloque kirchnerista en el Senado. Una ruptura que la propia Cristina Kirchner hizo trascender como el resultado de la mala política de Alberto. Lo previsible del oficialismo es que, como hacen los perros, se muerden la cola hasta que se dan cuenta que, si se lastiman, se embroman ellos. Sin quererlo, hubo coincidencia entre Gobierno y oposición. Coincidencia para el zafarrancho. 

Mientras Horacito se preparaba para lanzarse como precandidato a presidente 2023, con un texto en redes sociales que necesita ser analizado por una junta de especialistas en marketing, sociología, relaciones públicas, psicología y psiquiatría, entre otras disciplinas involuntariamente afines, Vidal inauguraba su comando de campaña acompañada por Macri –que no termina de definir su porvenir electoral-, mientras que Patricia Bullrich le enrostraba ser un tibio al jefe de Gobierno porteño. “Usá las Taser”, le dijo palabras más, palabras menos a Larreta. “No las usamos porque las retiene el gobierno nacional, que las rechaza”, le respondieron los larretistas a Bullrich. Horas después se supo que el gobierno de Alberto mandó comprar, sin licitación alguna, 100 pistolas Taser para la Policía Federal. Si usted, querido lector, se confundió miércoles con lunes por obra del finde largo, ¿qué me cuenta de las imágenes de Alberto en la Antártida y de Horacio en el kilómetro cero de la ruta 40?. Estaban vestidos casi igual. Uno en la Base Marambio prometiendo “nuevos inicios” como si nada se hubiera iniciado el 10 de diciembre de 2019 y otro diciendo que los argentinos queremos “iniciar el camino para vivir mejor”. Otra coincidencia fue el frío que hacía en ambos lugares, seguramente el culpable de que Alberto haya dicho “énclave” en lugar de enclave, cuya segunda acepción en el diccionario de la RAE es “grupo político o ideológico inserto en otro y de características diferentes. O sea, el “énclave del Álberto en el góbierno de la Crístina”.

 Fuente:https://www.lanacion.com.ar/opinion/carnaval-querido-el-pueblo-esta-contigo-nid26022023/

Apertura, la palabra prohibida

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                             Apertura, la palabra prohibida 

 Con la economía cerrada, asfixiada con cepos y prohibiciones, el país pierde su soberanía y multiplica la pobreza, aunque el populismo persista en afirmar lo contrario

 26 de Febrero de 2023 

 El exceso de gasto público para hacer populismo lleva a emitir sin respaldo. Ante la pérdida de valor de la moneda, los argentinos buscan refugio en el dólar. Para que no se dispare, el Gobierno lo controla creando incentivos perversos que lo hace más escaso aún. El famoso cepo, que paraliza las industrias, desalienta las exportaciones e incentiva la especulación. Ese modelo está perimido. Un círculo vicioso por el cual la soja –y otros commodities– provee dólares a una industria que, salvo excepciones, es incapaz de generarlos y que fabrica bienes caros para el mercado interno. Funcionó en la posguerra, pero ya caducó. El poder adquisitivo del salario nunca crecerá si no aumenta la productividad del trabajo por mayores inversiones empresarias y si los autos y electrodomésticos no tienen precios internacionales. Ni qué hablar del crédito para la vivienda propia. Ese mecanismo irracional falla cuando hay sequías o caída de precios internacionales. Entonces, la “restricción externa” obliga a pedir ayuda al FMI para no paralizar la economía. En esas crisis, el capital se fuga, el trabajo se “africaniza” y los salarios se degradan. Con la economía cerrada, el país pierde su soberanía y multiplica la pobreza, aunque el populismo diga lo contrario. Además de recuperar su moneda, la Argentina debe lograr que más exportaciones generen dólares y se acabe la restricción externa.

 Agregar más valor al esfuerzo laboral con tecnología e inversión: esa es la verdadera “liberación” y no mendigar por las calles pidiendo subsidios para paliar la inflación de “vivir con lo nuestro”. Mayor valor agregado no es sumar costos para mayor protección, sino innovación, diseño y calidad para obtener mayores precios en los mercados externos. Lo otro es “costo agregado”. Eso ocurre en los países que progresan con sentido común y monedas sanas, desde Estonia hasta Vietnam, de Polonia a Portugal. La Argentina vivió ensayos fracasados de apertura económica sin las reformas necesarias para hacerlos exitosos. Cuando está bien hecha, se aumentan las exportaciones, pues no se trata solo de importar ropa usada o zapatillas baratas, sino de reducir costos fabriles dando acceso a insumos, partes y piezas a precios competitivos. Cuanto más se importa, más se exporta. Cerrar la economía y pretender exportar más sería resolver la cuadratura del círculo. Se han visto parches, como reducción de cargas sociales, devolución de impuestos, más reembolsos u otros incentivos para evitar esa batalla, siempre postergada. La apertura debe integrarse en un plan amplio, creíble y sostenido en el tiempo. 

Ningún empresario se embarcará en cambios estructurales si duda sobre el mantenimiento de las reglas de juego por parte de los sucesivos gobiernos. Sin un aumento de la productividad, impulsado por la apertura, no habrá recursos para educación, salud, vivienda ni seguridad, indispensables para la inclusión, la distribución del ingreso y la justicia social que todos predican, pero que nadie concreta Es indispensable una reforma fiscal para achicar gastos y dar racionalidad a los impuestos. Se necesita un mercado de capitales accesible para realizar las inversiones que cualquier transformación productiva exige. Y crédito para financiar el capital de trabajo sin fundirse. Se requiere una reforma laboral que elimine la industria del juicio y la personería gremial única; que se revean convenios colectivos con cláusulas abusivas y se reduzcan los impuestos al trabajo. La voracidad de provincias y municipios es otro obstáculo para remover, pero el pacto fiscal anterior fue abandonado, dándose rienda suelta a más impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o a los sellos. El entramado empresario de la Argentina contiene miles de técnicos y operarios de primera línea, ahora circunscriptos al mundo de la eficiencia “micro”, es decir, del lugar donde trabajan. 

La transformación requerirá de ellos el desafío de la eficiencia “macro”, es decir, la competitividad internacional. También hay generaciones de jóvenes formados y con espíritu innovador, capaces de desarrollar nuevas empresas o modernizar las existentes. Y extranjeros deseosos de venir a la Argentina, país contradictorio, que los deslumbra. Esas reformas no son neoliberales, sino de sentido común. El “Estado presente” tiene una tarea titánica para contribuir al respecto, en lugar de profundizar distorsiones. En el fondo, no se debate ninguna doctrina, escuela o dogma, sino acerca de los intereses puros y duros que configuran el costo argentino, causante de nuestra decadencia. Las palabras “apertura” o “libre comercio” son tabúes que nadie quiere pronunciar por los malos recuerdos del pasado y la irritación que suscitan por miedo a competir. Nunca se saldrá del atolladero con diálogos sectoriales, sino mediante un cambio de expectativas, de carácter institucional y con acuerdos políticos. Solo despejando el horizonte para la inversión ingresarán los dólares que los argentinos atesoran fuera del circuito local. Con capital, las empresas podrán modernizarse, ser competitivas y ampliar los puestos de trabajo genuino que se quieren defender. Con capital no habrá ajustes populistas, vergonzantes y crueles al estilo Sergio Massa, sin planes, ni convicciones, empobreciendo a quienes tienen ingresos fijos, como los empleados públicos y los jubilados. 

 Hay intereses creados por doquier y también es cierto que 80 años de statu quo han hecho acomodar a la población en tareas, públicas y privadas, que serían afectadas por reformas estructurales. Ese es el principal desafío, pues implica también un cambio cultural para que se comprenda cómo mejorará el nivel de vida general cuando la competitividad brinde sus frutos como ocurrió en España, en Irlanda, en los países ex URSS y en el sudeste asiático. En un país tan poco serio como el nuestro se requiere un amplio consenso político, pues, de lo contrario, la falta de credibilidad hará que se acumulen presiones sectoriales para abandonarlo y regresar al statu quo anterior. Debe ser sostenible y sustentable, pero los dirigentes prenden una vela para que Vaca Muerta o el litio sean la solución indolora que evite esas reformas, en lugar de ser la herramienta que provea capital para realizarlas. Se necesita una coalición modernizadora, formada por políticos que piensen en el largo plazo y por líderes cuyos intereses estén alineados con la inserción del país en el mundo. La apertura es la manera de forzar reformas que perduren en el tiempo. Un paso inicial sería transformar el Mercosur en zona de libre comercio y celebrar tratados de integración con otras regiones que crecen con intercambios. Sin un aumento sistemático de la productividad, impulsado por la apertura, no habrá recursos para educación, salud, vivienda y seguridad, indispensables para la inclusión, la distribución del ingreso y la justicia social que todos predican pero que nadie concreta.

 Fuente:https://www.lanacion.com.ar/editoriales/apertura-la-palabra-prohibida-nid26022023/

Thursday, February 16, 2023

Los tiempos del abogado-vedette, por Luciano Román

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                          Los tiempos del abogado-vedette 

 Valerse de la legítima indignación ciudadana para exacerbar y manipular veredictos populares se aparta de la responsabilidad que deberían garantizar quienes ejercen funciones de liderazgo público


 16 de Febrero de 2023


 Luciano Román 


 En el satírico Diccionario del diablo, Ambrose Bierce aporta su particular significado del término “abogado”: “Dícese de aquel que se especializa en burlar la ley”. Si el punzante escritor y periodista norteamericano hubiera observado el papel que jugó el representante de la querella en el juicio de Dolores, tal vez le habría agregado otra acepción: “Dícese de aquel que aprovecha una causa justa para ganar protagonismo personal y procurarse popularidad a cualquier costo”. Lo de Bierce era, por supuesto, una ironía que de ninguna manera pretendía descalificar con una absurda generalización a quienes ejercen una noble e indispensable profesión. La acepción que quizá le hubiera sugerido la actuación más rutilante en el juicio que ha conmovido a la Argentina tampoco representa –afortunadamente– al perfil de todos los letrados, ni siquiera al de la mayoría. Sin embargo, hay algo que conecta el papel que jugó el “abogado estrella” de este juicio con una degradación general que afecta a la Justicia, a la política y también a muchas profesiones. 

Tal vez por eso no se lo deba ver como una mera excepción, sino como el arquetipo de una época en que la sobriedad, la rigurosidad y el decoro suenan como valores obsoletos. También como el exponente de un debate público atravesado por las simplificaciones, las etiquetas y las antinomias esquemáticas. Y de un sistema institucional que suele derrapar, con excesiva frecuencia, hacia una lógica “tribunera” y un montaje más cercano al show y al exabrupto populista que al “tedioso” procedimiento de las reglas y los códigos. Después de haber insultado a los acusados frente a las cámaras, y de haberlos calificado con lenguaje exaltado y demagógico, sin ningún apego a la mesura y la prudencia que exigen la ética y la responsabilidad profesional, el mediático abogado lanzó su candidatura a gobernador. Ni siquiera esperó que se terminara de leer la sentencia cuando ya había mandado a pintar las paredes de La Plata y del conurbano con su nombre. La pregunta se hizo inevitable: ¿buscaba justicia o protagonismo? 

La respuesta excede la dimensión de la ética individual para convertirse en el síntoma de un deterioro que atraviesa a la sociedad y a las instituciones. “No te rindas ante la popularidad”, dice el tercero de los principios que integran el Decálogo del abogado, elaborado por el gran jurista español Ángel Ossorio y Gallardo, que murió en la Argentina tras una larga lucha contra el franquismo. “Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti”, propone el cuarto principio. El séptimo es: “Pon la moral por encima de las leyes”, y el noveno, “procura la paz como el mayor de los triunfos”. Frente a discursos que exacerban odios, pasiones y resentimientos, y ante el despliegue vulgar de técnicas de manipulación emocional más que de procedimiento y de juridicidad, aquel viejo decálogo tal vez pueda servir de brújula. Frente a un hecho tan dramático y brutal como el que se juzgó en Dolores, era fundamental que los abogados (todos) aportaran un tono mesurado, sobrio y reflexivo, que tocara las cuerdas de la justicia, no las del revanchismo y la venganza. Por supuesto que las funciones de los defensores son antagónicas a las de fiscales y querellantes. 

Unos y otros, sin embargo, deben ceñirse al lenguaje de la prudencia, del derecho y de la ética, que no es necesariamente hermético ni tiene por qué estar teñido de tecnicismos, como tampoco es un lenguaje neutro ni despojado de vehemencia y de pasión. Lo inadmisible es apelar a la dialéctica de la venganza y la demagogia en busca del aplauso fácil de las multitudes. Valerse de la legítima indignación ciudadana para exacerbar y manipular veredictos populares no solo se aparta del “decálogo del abogado”, sino también de la responsabilidad que deberían garantizar quienes ejercen funciones de liderazgo público. Lo que vimos, sin embargo, fue un abogado adicto a los flashes y a las cámaras que llegó al extremo de sobreactuar un dolor ajeno mientras se daba vuelta y posaba para las revistas del corazón. Habló de “lacras” e “hijos de puta” con una indignación impostada que no había mostrado en ese mismo escenario cuando defendía a los confesos homicidas de José Luis Cabezas. Ahora se sabe que detrás de esa impostura se escondía una ambición política y electoral. El despliegue histriónico de aquel abogado “revisteril” contrastó con la actitud de los padres de la víctima. Ellos sí tenían derecho a la más extrema indignación. De ellos es el dolor más insondable y el sufrimiento más profundo y absoluto. A pesar de ese derecho, no insultaron a los victimarios. 

Jamás pidieron venganza y ofrecieron, en medio de su desgarro, un ejemplo de entereza, dignidad y humanidad. Con un sentimiento tan genuino como comprensible, buena parte de la sociedad se ha visto reflejada en la angustia y la desolación de esos padres, identificándose con el dolor y el reclamo de la máxima severidad judicial. La manipulación y la exacerbación de ese sentimiento popular no deberían, sin embargo, ser asumidas desde ninguna de las partes del proceso, llamadas a cumplir un papel técnico, no a agitar una atmósfera de presión social sobre los jueces ni a captar simpatías frente al lanzamiento inminente de una candidatura electoral. Durante más de un mes, el “abogado estrella” atrajo todos los reflectores de la atención pública. Los móviles televisivos parecían rendirse ante cierta fascinación que suelen ejercer los alardes de vanidad y las palabras altisonantes. Las plumas del vedetismo, la retórica violenta y la audacia para montar el show parecen simbolizar algunas de las más serias amenazas que enfrentan hoy las instituciones. Hasta la causa más noble puede ser utilizada con ambición personal y sin demasiados escrúpulos. 

Todo podría quedar en la aventura de un abogado farandulero si su actitud no se conectara con un clima dominante. ¿Hay una Justicia cada vez más permeable a la presión pública, a las veleidades ideológicas y al rumbo de los vientos políticos? ¿Hay un poder decidido a condicionar a los jueces con “aprietes” escenográficos y discursos beligerantes? Sin caer en comparaciones forzadas, y a pesar de motivaciones bien distintas, el juicio que hoy se sigue a la Corte tiene la lógica del montaje mediático, con el objetivo de presionar a los jueces desde una tribuna política. De ahí derivan otros interrogantes: ¿cómo impactan sobre los magistrados los ruidosos despliegues de abogados o legisladores que confunden derecho con militancia? ¿Cómo influyen en su fuero íntimo las embestidas que se practican con estrategias mediáticas que intentan encender la hoguera del enojo social? Por supuesto que muchos tendrán la fortaleza y la capacidad de abstracción que la magistratura requiere, pero son hombres y mujeres de carne y hueso, que también ven redes sociales, salen a la calle y prenden el televisor. ¿No se intenta, bajo la estridencia de los flashes, crear una Justicia intimidada? 

 El discurso exaltado y el eco de los movileros se articulan en una escena pública que, dominada por populismos de uno u otro signo, tiende a esquematizar y reducir el mundo a una contienda binaria entre consignas simplonas: “sin perpetua no hay justicia”, como si la justicia no implicara equilibrios, graduaciones y matices. Los eslóganes desvirtúan la complejidad de las cosas, valiéndose de sentimientos genuinos que anidan en la sociedad. Cuando se alimenta la fogata de la indignación y se busca, deliberadamente, encrespar y enardecer los ánimos sociales, el litigio tiende a dirimirse en la plaza pública, con los graves peligros que eso supone: los sentimientos se anteponen a los hechos y a las razones; la verdad y la justicia se sacrifican en un veredicto mediático. El juicio de Dolores tiene aristas tan diversas como intrincadas. Su resolución será materia de apelaciones y debates técnicos que exceden, por supuesto, el abordaje aquí propuesto. 

Tal vez valga la pena, sin embargo, reparar en esa mezcla de ambición, demagogia y figuración que se ha colado en el juicio, porque en medio de su actuación asoman algunos interrogantes de fondo: ¿se impone cada vez más la “justicia televisiva”? ¿La estridencia y la audacia son más redituables, en el campo del derecho que el profesionalismo y la solvencia? ¿Los juicios se ganan con los códigos o con las revistas? ¿Cuáles son los modelos “exitosos” de juez y de abogado? En la Argentina contemporánea, tal vez Ambrose Bierce debería reescribir su Diccionario del diablo: “Abogado: dícese de aquel que, burlando el decálogo profesional, baila en televisión y utiliza una causa justa para potenciar su ambición política”. Si lo consigue, el problema no será del abogado.

 Fuente:https://www.lanacion.com.ar/opinion/los-tiempos-del-abogado-vedette-nid16022023/ 

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