EDITORIALES | DEBATE POR EL ABORTO-El aborto y el nuevo protocolo

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EDITORIALES | DEBATE POR EL ABORTO

El aborto y el nuevo protocolo

Es un error pretender acelerar decisiones en un tema tan delicado; se impone un debate serio y profundo, pues se están poniendo en juego vidas humanas

20 de Diciembre de 2019

En referencia al anuncio de Alberto Fernández sobre un proyecto de ley por enviar al Congreso para despenalizar el aborto, Ginés González García, flamante ministro de Salud, sostuvo: "Primero que nada, vamos a empezar porque se apliquen las leyes vigentes". Se refería a dar curso inmediato a una resolución ministerial que actualizó el protocolo sobre interrupción legal del embarazo ( ILE), el mismo que el entonces presidente Macri había anulado y que había derivado en la renuncia de su secretario del área, Adolfo Rubinstein. El instrumento velozmente aprobado es una guía de los casos en los que se puede interrumpir legalmente un embarazo y que se proclama más "flexible" que su par de 2015, pero no es una ley.

Lamentablemente, se está dando celeridad a la definición de un tema muy delicado, que merece la mayor atención y un debate serio y profundo que nos ayude a pensar en lugar de profundizar la grieta.

"Con el protocolo se instala el aborto libre en el país", opinó monseñor Alberto Bochatey, titular de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud. En tanto que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó un amparo para solicitar que se haga lugar a una medida cautelar de no innovar y a la inmediata suspensión de la resolución. Distingue, con razón, entre el Código Penal, que fija la no punibilidad en caso de aborto por violación o riesgo de vida, y el protocolo que involucra a niñas desde los 13 años en la decisión de abortar, en cualquier etapa de la gestación. Mucho más laxo que la ley que no logró aprobación en 2018, el protocolo autoriza una baja en la edad para practicar un aborto sin judicialización principio inexistente no ya desde los 14, como proponía la ley, e incluso sin el consentimiento de los padres.

Señala el PDC que la objeción de conciencia exclusivamente individual que propone el protocolo puede conducir al cierre de instituciones médicas cuyos objetos sociales o fundacionales sean contrarios a cierto "autoritarismo militante" que se pretende instalar. Al respecto, González García esgrimió que, en ocasiones, "se utiliza la Justicia para no cumplir las leyes", en referencia a abortos evitados o dilatados, con causas iniciadas a médicos, pero nada aclara respecto de la preeminencia que se pretende otorgar a los derechos de unos por sobre los de otros, en lugar de atender debidamente las dos vidas.

La Fundación Más Vida presentó una "acción preventiva de daños" contra el ministerio por promover y difundir el aborto. Aduce que no se puede hablar de "derecho a la interrupción legal del embarazo" en el sistema de salud, pues el aborto no es un derecho, revistiéndolo de una falsa legalidad cuando solo resulta no punible para los médicos en las causales fijadas por el Código Penal. Cabe recordar que desde 1921 ese Código, ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema, en 2012, habilita al aborto legal solo cuando representa un riesgo para la vida de la gestante o para su bienestar físico, emocional y social si fuera producto de una violación aun sin denuncia de la víctima.

El protocolo avala muchas situaciones que no tienen que ver con las puntualmente contempladas. Para empezar, entre sus fundamentos se cita la ley de salud sexual y procreación responsable, que excluye expresamente los métodos abortivos. También pretende direccionar la conducta médica obligando a ofrecer el aborto como procedimiento de rutina y no en caso de excepcionalidad de no punibilidad, amedrentando a los profesionales médicos con reclamos judiciales y poniendo incluso en jaque su libertad. Se plantea también la separación de las mujeres que van a abortar de las que reciben cuidados prenatales, e incluso se indica que la mujer podrá solicitar no ver ni escuchar los sonidos de la ecografía que se le practique.

La promoción del aborto medicamentoso que surge del protocolo también resulta inaceptable cuando se han comprobado numerosos efectos colaterales indeseados surgidos de su ingesta. Además, entre la solicitud y la concreción de un aborto no podrán mediar más de 10 días, reduciendo las posibilidades de concretar interconsultas profesionales, imponiendo así una premura tan deliberada como indebida. Una vez más, la Convención sobre los Derechos del Niño luce ignorada y el uso de eufemismos como "evacuación uterina" o "contenido uterino" pretende desconocer la existencia de vida humana.

El fallo FAL dejaba en manos de los protocolos hospitalarios la atención de los abortos no punibles, pero la flamante resolución ministerial se extralimita al plantear su aplicación en instituciones privadas y públicas de todo el país. En 2015, diez provincias habían adherido al protocolo de entonces. Ahora se sumarán Buenos Aires y Chubut, mientras sigue en estudio en otros distritos. Mientras tanto, Tucumán, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Corrientes se mantendrán sin protocolo propio y sin adherir al nacional.

Al reconocer el ministro que las muertes maternas anuales por aborto ascenderían a 30, debemos resaltar que no distingue entre interrupciones provocadas y espontáneas, es decir, naturales, ni se omiten otras subcausas, como anomalías en la placenta o embarazos ectópicos. No hay datos fehacientes de muertes por abortos clandestinos. De hecho, cuando se habla de 500.000 abortos practicados en el país al año, se lo hace de manera irresponsable y claramente tendenciosa.

Hay mucho por hacer en la Argentina si el propósito real y no el declamado es reducir la mortalidad materna. Deberemos ocuparnos de la educación sexual, tan importante para evitar embarazos indeseados en cualquier etapa de la vida, y del acceso a atención obstétrica de emergencia, al control prenatal temprano y a la atención profesional del parto. Asimismo, las políticas públicas deberán contemplar responsable y comprometidamente la atención del niño y su madre, con todo lo que ello implica, sin dilaciones.

La apresurada resolución ministerial deja fuera la discusión y el sano debate democrático que apenas en 2018 se reflejó en el Congreso de la Nación. Monseñor Bochatey destacó acertadamente que en muchos países latinoamericanos se soslayaron propuestas para el cuidado de las mujeres y se introdujo el tema por la ventana, al igual que aquí en el caso que nos ocupa, evitando el debate. Las cuestiones de salud pública, según el ministro, solo podrían debatirse entre médicos; un falaz razonamiento que conduce a que nada sería discutible fuera del área de especialidad.

Plantear que un tema tan delicado pueda reducirse a un "instrumento sanitario"; que se lo pretenda ajustar o actualizar livianamente por la "evolución del conocimiento", en referencia a la medicación que se usa, pero desestimando las modernas técnicas de captación de contundentes e irrefutables imágenes prenatales; que se lo califique de "un poquito más flexible" respecto de su versión anterior, en relación con la objeción de conciencia individual, es claramente una provocación.

Con motivo de las próximas Fiestas, la cúpula del Episcopado visitó anteayer al presidente Alberto Fernández. Además de conversar sobre una agenda de cooperación en distintas áreas, los obispos expresaron su "sorpresa, desazón y preocupación por el protocolo que vulnera el primer derecho humano, el derecho a la vida".

Pocos temas dividen tanto a los argentinos como este. "No queremos que se convierta en un combate", había expresado González García en consonancia con el Presidente, que propone superar la grieta y trabajar juntos en la reconstrucción de la Argentina. Poco propicia e inoportuna parece la medida en este contexto cuando hemos de hermanarnos para atender tantas urgencias.

El aborto es un delito tipificado en el Código Penal. Que un delito sea no punible en determinados casos no significa que sea un derecho. El Estado no puede promover ni obligar a nadie, persona o institución, a cometer un delito. Abogamos renovadamente por la defensa de las dos vidas.



Fuente:https://www.lanacion.com.ar/editoriales/el-aborto-y-el-nuevo-protocolo-nid2317439