POL/RELINT/GINT-El desafío de la OCDE ante la tradición populista por Jorge Liotti

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        El desafío de la OCDE ante la tradición populista

Jorge Liotti

LA NACION

4 de febrero de 2018

Cuando cayó el Muro de Berlín y posteriormente se disolvió la Unión Soviética, los países de Europa central que habían estado dentro de la órbita comunista iniciaron un inmediato viraje hacia Occidente. Querían aventar cualquier riesgo de volver a quedar bajo el dominio de Moscú e igualar el elevado estándar económico de sus vecinos. "El regreso a Europa" fue el lema con el que buscaron reinsertarse en un esquema del cual los habían separado 70 años de comunismo. Ese retorno a la raíz común implicaba también la adopción de un abanico de normas y valores que habían ido madurando en el período de posguerra y que estaban representados en un conjunto de organismos como la OTAN, el Consejo de Europa y, especialmente, la Unión Europea (UE).

Polonia, Hungría y la todavía existente Checoslovaquia lideraron el proceso con un enorme apoyo popular. La UE, temerosa de un ingreso masivo que alterara el equilibrio de los entonces 15 miembros, elaboró por primera vez un set de condiciones, conocido como los "criterios de Copenhague". Los aspirantes cumplieron durante una década los requisitos para ingresar, haciendo profundas reformas con enormes costos sociales para transformarse en democracias asentadas, con un sistema de libre mercado y un irrestricto respeto a los derechos humanos. Esa tutela institucionalista que les brindó la UE fue una guía durante los primeros años para evitar los riesgos de nuevos autoritarismos o de caóticos desgarramientos internos. También sirvió para promover un conjunto de líderes identificados con la construcción comunitaria y rechazar a los populistas. El caso emblemático fue el del arquitecto de la escisión de Eslovaquia, Vladimir Meciar, quien pasó en poco tiempo de ser el padre de la patria a perder las elecciones en su país por mantener un discurso nacionalista antieuropeo.

La Argentina nunca participó de un proceso similar y deambuló por décadas con su escasa tradición de cumplimiento normativo y sus dificultades para encarar objetivos consensuados de largo plazo. Aquí no prosperaron doctrinas como el neofuncionalismo, desarrollada por el académico Ernst Haas, que sirvió de base intelectual para la UE y que concibe la integración como un desarrollo de aprendizaje gradual a través de la interacción entre actores políticos y económicos de distintos países. Si bien América es un continente plagado de organismos y siglas (OEA, Aladi, ALBA, Unasur, Mercosur, Pacto Andino, Alianza del Pacífico, etc.), su textura institucional siempre fue tenue. Ningún país latinoamericano ha estado en condiciones de liderar un proceso de convergencia real, y Estados Unidos jamás se involucró virtuosamente en procesos que lo comprometieran con una construcción cooperativa, más allá de sus intereses. Lo más parecido que experimentó la Argentina tuvo la vivencia de lo traumático, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) monitoreaba las cuentas económicas, pidiendo ajustes imposibles y contribuyendo a desequilibrar un país de por sí con tendencia a los desbalances.

Ante este contexto, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de postularse como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podría constituir un proceso novedoso. El organismo nuclea a 35 países que representan el 60% del PBI mundial y el 75% de la inversión extranjera directa, pero que además comparten una serie de normas y valores básicos en torno de los mismos tres pilares de la UE: democracias consolidadas, libre mercado y respeto a los derechos humanos y las minorías. No es solo un club de países ricos, sino también una membresía de buenos comportamientos, ya que abarca desde temas económicos hasta cuestiones vinculadas con gobernabilidad, justicia, educación, medio ambiente, salud, empleo y asistencia social.

La Argentina tiene con la OCDE una relación que data de 1982, pero en junio de 2016 se tomó la decisión de promover una postulación formal como miembro pleno. Desde entonces, y pese a que su candidatura aún no fue aceptada, ha venido trabajando en una vasta agenda para acomodar normativas a los estándares requeridos. La normalización de las estadísticas fue la primera señal clara de las aspiraciones del Gobierno. Pero también detrás de varios proyectos de ley estuvo la voluntad de homologar normativas con ese organismo, como la sanción del régimen penal empresario, la ley de mercado de capitales, las iniciativas de gobierno abierto e incluso el polémico megadecreto que recientemente modificó 170 reglamentaciones de un plumazo. En 18 meses la Argentina recibió 25 misiones de monitoreo de la OCDE y elaboró un amplio estudio multidimensional.

Hay un equipo interministerial conformado por altos funcionarios de cada área con el objetivo de ajustar estándares correspondientes a 15 comités técnicos (la Argentina ya integra 8) y un funcionario a cargo del proceso, Marcelo Scaglione, que transita el Congreso, los tribunales, el empresariado, los gremios y las ONG predicando los beneficios de la membresía y promoviendo consensos. Participar de la gobernanza global y mejorar el intercambio con los países miembros son los máximos atractivos.

La Argentina tiene algunos puntos a favor para ser aceptada: después de muchos esfuerzos cuenta con el apoyo de los 35 integrantes de la OCDE; resolvió trabajar en los estándares aún antes de ser aceptada, y este año ejerce la presidencia del G-20, una invalorable herramienta de maniobra porque la expectativa del Gobierno está puesta en que en la reunión interministerial de junio en París se resuelva cuántos países, y cuáles, serán aceptados como nuevos aspirantes. De eso habló hace una semana Macri con Emmanuel Macron, quien conducirá ese encuentro clave. En la comitiva argentina esperan que el revés por el acuerdo Mercosur-UE sea compensado con una gestión de buenos oficios del presidente francés. Entre los aspirantes están también Brasil (tiene la ventaja de ser parte de los Brics, que conservan una alianza estratégica con la OCDE) y Perú, por América Latina; Rumania, Bulgaria y Croacia se postulan por Europa. La partida no es sencilla.

Para la Argentina la aceptación sería un impulso clave en su imperfecto camino para la adopción de normas estables. No solo porque el recorrido de la incorporación es largo y difícil (podría demandar entre tres y seis años tras la admisión), sino porque impulsaría una progresiva adaptación cultural a valores globales, frente a la poderosa tradición populista del país. No alcanza con acceder a la OCDE, después hay que ser consecuente. Polonia es un caso testigo. Hizo todos los deberes e ingresó a la UE y a la OCDE. Sin embargo, en los últimos años su gobierno tomó matices nacionalistas y autoritarios, y quedó en observación en ambos organismos. Lo mismo le pasó a Hungría. Los alumnos ejemplares del poscomunismo ahora exhiben las dificultades para consolidar los valores que abrazaron dos décadas atrás y demuestran un conflicto entre su raíz nacionalista y el institucionalismo adoptado.

La Argentina también parece vivir una tensión similar. Por un lado, busca una "inserción inteligente al mundo" y participar de los principales foros internacionales, mientras brega por transformar un populismo profundamente arraigado en la cultura social. Habrá que ver si el desafío del ingreso a la OCDE no le llegó al país demasiado tarde.






Fuente:www.lanacion.com.ar