OPINIÓN | EDITORIAL
La quema de la droga incautada
Hemos asistido a bochornosas desapariciones de secuestros de estupefacientes, que ponen en grave riesgo la necesaria lucha contra el crimen organizado
Secuestro de más de 2200 kilos de marihuana que estaban ocultos en un camión, en Misiones Fuente: Archivo
7 de Julio de 2018
En nuestros días, ciertos episodios lucen como ficciones o narraciones fantasiosas. Aun cuando evidencien sucesos de significativa importancia y peligrosidad. Tal el caso de los capítulos del enorme crecimiento del narcotráfico, omnipresente en nuestra sociedad. ¿Acaso los conciudadanos somos realmente conscientes de la peligrosidad que acarrea la infiltración de la droga en nuestro territorio y cómo traspasa por medios y vías inimaginables nuestras fronteras, sociedad, barrios y familias? Seguramente, no.
Cuando el éxito alcanzado por un operativo permite detectar e incautar un cargamento, la única vía para terminar con la droga decomisada o capturada es a través de su pronta quema o incineración. No existe otra alternativa. Cualquier otra solución que pretenda hacer las veces de paliativo está condenada al fracaso, pues está comprobado que el reciclaje o la recirculación de droga es inevitable.
Según ha trascendido en los últimos días, el horno pirolítico habilitado en 1999 en la zona del edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, en Retiro, donde se quemaba gran parte de la droga incautada en diversos operativos, dejó de funcionar por problemas técnicos, propios del desgaste de casi 20 años de operación. La antigüedad y el lógico deterioro de ese horno han paralizado su cometido ante un letal enemigo.
Como parte de la lucha que el Poder Ejecutivo ha asumido contra el narcotráfico, no se puede solo lamentar este grave inconveniente, sino que debe buscarse rápidamente una solución. La Justicia Federal se ve ahora obligada a alterar los procedimientos de quema habituales. Solo la Gendarmería disponía de horno, por lo que no hay forma de paliar la falta más que recurriendo a opciones privadas como cementerios o plantas industriales.
Los pliegos de adquisición de un horno nuevo ya están siendo elaborados y prevén la instalación de otro en una zona caliente como lo es la provincia de Salta. El Ministerio de Justicia será el encargado de aportar los fondos mientras que el de Seguridad fijará el lugar de instalación y operación bajo la instrucción de los jueces.
En este desigual combate contra las redes de narcotráfico, la quema de lo incautado es clave. Hemos asistido a numerosos episodios en los que los cargamentos misteriosamente desaparecen, son cambiados por otros materiales o, incluso, hasta hemos tenido que escuchar expresiones absurdas como que "fueron ingeridos por ratones", una excusa por demás inverosímil.
Días atrás se descubrió que en Orán, 50 kilos de cocaína incautados que custodiaba la Gendarmería en su escuadrón habían sido suplantados por yeso. En el Ministerio de Seguridad de la Nación sospechan de empleados del juzgado federal, que, advierten, trabajan allí desde la época en que el juez federal de Orán era Raúl Reynoso, actualmente juzgado en Salta y procesado por liberar al contrabando ese punto "caliente" de la frontera con Bolivia. Cabe recordar, además, que esa zona salteña acaba de desplazar a la ciudad de Rosario en cuanto al número de homicidios que se cometen vinculados con el narcotráfico. En la actualidad, según datos oficiales, los asesinatos en los territorios más amenazados por el narcotráfico superan el índice promedio de muertes violentas en nuestro país.
Y no solo eso, como hemos comentado en la edición de ayer, es precisamente en esa zona donde la mayor agresividad de las bandas de narcotraficantes se viene combinando con arteros ataques y amenazas desembozadas a magistrados y fuerzas de seguridad que tienen a su cargo la investigación de este tipo de delitos complejos. Queda claro que esas bandas cimentan su negocio sobre la violencia y la muerte, una muerte que alcanza hasta el hilo más delgado de este flagelo: los adictos.
No se pueden dilapidar de manera tan grosera los enormes riesgos asumidos y los esfuerzos que conlleva cualquier operativo de seguridad.
El compromiso en la lucha contra el crimen organizado debe necesariamente contemplar y facilitar la única forma de disposición posible para la droga y arbitrar con celeridad los medios para que los procedimientos no se frustren en el que debiera ser el último eslabón de la lucha contra esta nefasta cadena.
Fuente:www.lanacion.com.ar
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