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Editorial I
Cuando la educación deja de ser la meta
A pesar de la creación de nuevas universidades y los incentivos para una mayor matriculación de estudiantes, muy pocos obtienen su título profesional
La atomización de objetivos en busca de resultados parciales de efecto rápido tiene costos altísimos en el mediano y largo plazo. La calidad actual del sistema educativo es un ejemplo claro de lo dañinas que pueden resultar esas políticas espasmódicas, sin articulación seria ni fines realmente comprometidos.
De haber sido nuestro país un lugar de excelencia educativa, hemos pasado a desaprobar exámenes básicos internacionales como las pruebas PISA. Mucho se ha dicho de esa evaluación, que arrojó como uno de los resultados más lamentables que nuestros alumnos secundarios poco aciertan en sus cálculos matemáticos, en su narrativa y en sus conocimientos científicos. Muchos de ellos ni siquiera comprenden lo que leen. Pero poco se ha dicho sobre qué pasa con esos estudiantes cuando llegan a la universidad y, menos aún, cuántos de todos los alumnos de nivel universitario terminan efectivamente sus carreras.
Un serio trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), de la Universidad de Belgrano, que dirige el doctor Alieto Guadagni, demuestra que son muy pocos los estudiantes universitarios que llegan a graduarse en nuestro país y que también son muy escasos los graduados en las denominadas "carreras del futuro": las científicas y tecnológicas. La proporción de egresados de disciplinas de ese tipo respecto del total apenas llega al 15 por ciento entre nosotros, mientras que en México y en Colombia es del 26%; en Chile, del 24%, y en El Salvador, de 22 %.
Por otro lado, los aumentos en las matrículas de alumnos de las altas casas de estudio no garantizan un mayor egreso de profesionales. Es el caso de Brasil, que teniendo menos estudiantes universitarios en proporción a su población, cuenta con más egresados. La explicación sostiene el CEA es sencilla: en Brasil, con exigentes exámenes de ingreso, se gradúa la mitad de los alumnos universitarios y, en la Argentina, uno de cada cuatro.
En reiteradas ocasiones hemos oído a nuestras autoridades jactarse de un mayor ingreso de alumnos a las aulas universitarias y de la creación de nuevas casas de altos estudios. Incluso, se ha hecho especial hincapié en el plan Progresar, destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan, que lo hacen informalmente o que tienen un salario menor al mínimo. Sin dudas, se trata de un incentivo importante, pero tan exiguo como cualquier otro subsidio que no tenga como objetivo solucionar la cuestión de fondo. Aun muchísimos jóvenes cuyas familias pueden financiarles los estudios no llegan a obtener su título profesional.
Por otra parte, y a pesar de que la Argentina cuenta con una extendida oferta pública y gratuita de enseñanza universitaria, es limitado el número de estudiantes de sectores vulnerables que acceden a ella. Frente a esa situación, se opone el ejemplo de Uruguay, donde los egresados universitarios contribuyen con aportes económicos anuales a la conformación de un fondo de becas para que estudien los jóvenes de bajos recursos.
Según los especialistas, los problemas por atacar son numerosos: algunos hablan de la falta de contenidos apropiados de la escuela secundaria, lo cual complica enormemente el proceso de la enseñanza superior, favoreciendo el abandono y la cronicidad. Para otros, el mayor problema ha sido y es el nivel con que los alumnos egresan del secundario, junto con la baja en la exigencia de las casas de estudios superiores, tanto en la aceptación de alumnos como en su formación posterior, y también están los que critican la falta de promoción de carreras con destino laboral más requerido. El problema combina todas esas aristas.
Los datos del informe llaman a la reflexión: de cada 100 abogados que se gradúan en el país, lo hacen 65 estudiantes en ingeniería e industrias. Es una relación baja si se la compara con Chile, donde hay que sortear exigentes exámenes de ingreso para entrar a la universidad, al igual que en Brasil, Ecuador y en Cuba. En Chile, la proporción es de 200 ingenieros por cada cien abogados. Además, en la Argentina se gradúan muy pocos ingenieros hidráulicos, en minas y nucleares. Lo mismo ocurre en el área de la tecnología.
La mayor tasa de graduación se registra en países desarrollados, donde cuatro de cada diez personas en edad de recibirse obtienen su título. Son naciones donde los niveles de exigencia para ingresar en la universidad son muy altos, al igual que la calidad de los estudios del nivel medio.
Entre nosotros, existe la creencia especialmente extendida en los sectores más desprotegidos de que el título secundario es una meta de llegada. Nada más alejado de ello en un mundo tan exigente y globalizado como el actual. En los últimos tiempos, incluso, las autoridades de nuestro país han lanzado programas exprés para terminar la secundaria. Esos planes, con mínimos requisitos y obligaciones, no pueden derivar en otra cosa que no sea una frustración. La mala preparación no será nunca una carta de peso a la hora de obtener un empleo o de cursar estudios superiores. Un ejemplo de lo que ocurre actualmente en la Argentina es la reciente encuesta de Manpower Group, que arrojó que el 63% de los empleadores no logra cubrir posiciones claves, fundamentalmente por la falta crónica de capacidades técnicas y por la deficiencia en la calidad educativa de los postulantes.
La educación sigue siendo la gran relegada en la lista de prioridades de quienes nos gobiernan. La Argentina viene bajando su nivel a pasos alarmantes. Quien tiene la responsabilidad de gestionar no puede desconocer que el progreso de un país está directamente vinculado con la educación de sus habitantes. Como nación, debemos reaccionar rápido y, como sociedad, volver a exigir un presente educativo que garantice un futuro mejor.
Fuente: www.lanacion.com.ar
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